Asamblea continuará debate sobre aborto

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Cada vida es valiosa y debe ser protegida desde la concepción, según expresan algunos ciudadanos en torno a este tema.  (Foto El Heraldo)

Los legisladores  se centraron en la revisión del proyecto de Ley de Reformas al Código Orgánico Integral Penal, especialmente lo concerniente a delitos a la integridad sexual y reproductiva en contra de los niños  y adolescentes, aborto no punible y lucha contra la corrupción e infracciones, ayer.

Sobre el aborto es motivo de preocupación en varios sectores, entre ellos,  el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal que hacia la sociedad ha dado a conocer su posición frente a este delicado tema.

Se plantea la interrogante ¿existe un derecho para quitar la vida de un niño por nacer?. Lo que la madre rechaza o destruye es a un ser humano con vida e identidad propia, derechos que no pueden ser sustraídos, con argumentos que carecen de criterios éticos y médicos.

Con el aborto voluntario no se interrumpe el embarazo, sino se termina el proceso de gestación, de forma violenta e irreversible. El Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal sugiere que la sociedad debe comprometerse a formar a los jóvenes en la dimensión afectivo-sexual para que asuman con libertad y responsabilidad su paternidad y maternidad desde la pedagogía del amor y del respeto recíproco entre varones y mujeres.

Promover la participación activa de los padres de familia en la elaboración y ejecución de los programas de salud y educación que estén orientados a respetar el derecho a la vida y a garantizar la mejor calidad de la misma.

Exigir a los organismos competentes que establezcan sanciones ejemplares para las personas que incurren en los delitos de violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y casos similares. No es justo que muchos violadores caminen inmunes de toda sanción penal.

Fortalecer centros de atención especializada: médica, psicológica, jurídica y espiritual para las madres embarazadas en alguna de las situaciones no deseadas, financiados por el Estado. (I)

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