Víctimas invisibles, victimarios privilegiados

Inexplicable y al mismo tiempo, penosamente reveladora, resulta la actitud ciudadana que, en ciertos sectores, se enfila con fuerza en la defensa de los derechos y privilegios de quienes acumulan prontuarios delictivos, mientras cierra deliberadamente los ojos a los derechos lesionados de las víctimas, sus familiares y sus comunidades.

Sin duda, es una de las distorsiones más delicadas del discurso jurídico y político contemporáneo que, pone en evidencia la desproporción entre el garantismo hacia el victimario y el abandono -casi sistemático- de la víctima.

Muchas veces, desde la impotencia o el desinterés, preguntamos ¿Qué hacer para corregir esta aflicción? … Y, lo más probable será, que nos abandonemos -una vez más- a la observación pura y simple, tanto como a la crítica fundamentalista y mordaz, o que nos entreguemos al abundamiento del comentario subjetivo y sesgado de los que viven y alimentan el caos… Y no sería la primera vez.

La justicia parece estar caminando con el rostro volteado.

Hemos llegado al punto de considerar «progresista» o «garantista» al sistema que protege a quien delinque, pero deja desprotegido a quien fue agredido; porque el discurso jurídico se volvió tan desequilibrado que terminó confundiendo: derechos con impunidad, garantías con privilegios, y humanidad con permisividad.

Mientras tanto, se forjaron entelequias jurídicas internacionales para enarbolar y proteger esos cometidos.

Y a ellas -desprolijamente- se acude para demandar, por ejemplo, revisiones procedimentales y sanciones legalmente expedidas por autoridad competente, en la pretensión de cambiar el rumbo de las cosas para “proteger la salud física y mental” del reo que, frente a la realidad incuestionable que vive, quisiera contar los pormenores de sus fechorías y las de sus acompañantes.

“El perdón pertenece a los ofendidos”, no al Estado ni a la opinión pública.

Y mientras la víctima sea olvidada, la justicia no será completa.

A mi entender, la corrección de esta aflicción comienza por reconocerla, por incomodarnos con la injusticia y actuar en consecuencia.

La memoria colectiva de un país que ha sufrido la violencia, no puede construirse sobre el olvido de quienes más la padecieron. Hace falta una pedagogía cívica que forme a los ciudadanos en el verdadero sentido del derecho: como equilibrio entre libertades, deberes y consecuencias.

Para que aquello ocurra, entre otros ajustes y revisiones legales, educativas y formativas, importante es que los medios de comunicación dejen de exaltar al delincuente y empiecen (si aún no lo han hecho) a dignificar la historia de la víctima. !Porque lo que no se nombra, no existe.! Y lo que no se humaniza, se vuelve desechable.

Porque si los criminales son defendidos por el sistema, y las víctimas solo son defendidas por el silencio, entonces no estamos ante un Estado de derecho, sino apenas, ante una caricatura de justicia.

Todo cuanto hagamos, como país, por reivindicar los principios de convivencia pacífica y por enmendar los desafueros cometidos, será un acto de madurez colectiva y de compromiso para con la historia que estamos escribiendo.

Porque ninguna democracia puede sostenerse sin memoria, sin justicia ni sin propósito común.Reparar, reconciliar y reconstruir podrían parecer gestos de debilidad. Pues no lo son; sino señales inequívocas de fortaleza moral.  Y es precisamente allí, en la ética del reencuentro y la legalidad, donde debemos cifrar la esperanza de una patria que no se rinde ante el caos ni se entrega al olvido.