Seguridad vs. Estado de derecho
El Ecuador vive un dilema democrático: Seguridad y Estado de Derecho; temas que se encuentran en una relación de interdependencia, pero también de tensión. Ambos conceptos comparten un objetivo común: proteger a las personas y garantizar una vida en condiciones de dignidad y libertad. Sin embargo, en un escenario marcado por el aumento del crimen organizado, homicidios, secuestros y extorsiones; la seguridad se convierte en una prioridad política y social inaplazable. El gobierno, presionado por la opinión pública, tiende a buscar respuestas rápidas y contundentes: estados de excepción, endurecimiento de penas, despliegues militares y reformas legales que otorguen mayores facultades a la fuerza pública.
El presidente Daniel Noboa ha justificado sus reformas de seguridad bajo la lógica de que en una “situación de guerra interna”, el Estado debe actuar con contundencia para evitar el colapso institucional y la pérdida del control territorial.
Por su parte la Corte Constitucional, en su lógica, manifiesta que el Estado de Derecho funciona como un marco de contención que impide que el uso de la fuerza y la autoridad del Estado se conviertan en instrumentos de abuso. La Corte Constitucional, en su rol de intérprete supremo de la Carta Magna, sostiene que las medidas excepcionales deben cumplir parámetros claros: legalidad, proporcionalidad, temporalidad y respeto a los derechos fundamentales (Por supuesto, la delincuencia tiene derechos ¿y el Pueblo?, su seguridad, su dignidad, su libertad, su igualdad. ¿Quién la garantiza?. Que dificil conciliar la necesidad inmediata de proteger a la ciudadanía con la obligación de preservar un marco democrático sólido. La pregunta clave no es si debe priorizarse la Seguridad o el Estado de Derecho, sino cómo articular políticas públicas que fortalezcan ambos al mismo tiempo; aunque mi abuelita diría ¡Vamos con todo en contra del crimen organizado!. Es Imperativo combatir la delincuencia y que esto no se convierta en justificación para alterar permanentemente el equilibrio de poderes. No obstante, también resulta indispensable contar con una Corte Constitucional independiente, libre de cualquier tipo de politización o influencia partidista —incluida la correísta. Recordar que La Corte Constitucional del Ecuador, tal como funciona hoy, fue creada y designada bajo nuevas reglas durante el gobierno de Rafael Correa, a partir de la Constitución de 2008. (O)
