Riesgos al convocar una Constituyente
En octubre se cumplirán 15 años de la vigencia de la Constitución de Montecristi, un periodo en el que Ecuador ha vivido experiencias políticas, económicas y sociales sin precedentes. Durante estos años, hemos sido testigos de la declinación del Estado de Derecho, la concentración de poder en manos de unos pocos, el crecimiento desmesurado del Estado, y la deslegitimación de la justicia por escándalos de corrupción que involucraron a jueces y políticos. Además, hemos enfrentado un creciente endeudamiento y un gasto público fuera de control. La Constitución, diseñada para durar 300 años, ha comenzado a desvanecerse en solo 15, y aunque siempre se ha creído que las reformas constitucionales y legales resolverían los problemas del país, hoy se debe reflexionar sobre los riesgos de una nueva Asamblea Constituyente.
En las condiciones económicas, políticas y sociales actuales, convocar una Constituyente sería un riesgo significativo, especialmente desde el punto de vista político. Más que reformas legales, lo que el país necesita hoy es un cambio profundo de conciencia, basado en generosidad y empatía hacia el bienestar nacional. ¿Podremos soportar el funcionamiento simultáneo de una nueva Constitución y una Asamblea, en un escenario de burocracia excesiva, donde una Asamblea modifique la Constitución y otra promueva nuevas leyes?
La actual Constitución fue diseñada a medida de regímenes autoritarios, como lo demuestra la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que ha cooptado todos los poderes del Estado, generado impunidad, conspiración y fomentado la intimidación. Asimismo, hemos retrocedido a un estatus casi colonial en ciertos aspectos. Es evidente que la Constitución requiere reformas profundas, como la eliminación del CPCCS y la reducción de los más de 300 partidos y movimientos políticos actuales. Pero, ¿es necesario convocar una Constituyente en este contexto? Las reformas que se buscan podrían ser canalizadas a través de la Asamblea, siempre que el presidente logre una mayoría en dicho órgano legislativo.
Los riesgos de un proceso Constituyente son claros. Implicaría varios pasos, como la entrega de la propuesta a la Corte Constitucional para su análisis y aprobación (tres meses), la convocatoria a elecciones de los Asambleístas Constituyentes y la campaña electoral (otros dos meses), y las elecciones de constitucionalistas, sin garantizar que el gobierno actual obtenga una mayoría como en 2007. Luego seguiría el proceso de modificaciones y un referéndum ratificatorio, lo que tomaría al menos un año y dos meses. En total, el proceso podría llevar más de dos años, lo que incrementaría la incertidumbre política y social.
Este largo proceso podría sumergir al país en una profunda inestabilidad económica, política y social, con el riesgo de que aumenten los índices de delincuencia. Es necesario tener cuidado con este escenario.
