Retos del Consejo de la Judicatura
Ecuador está expectante sobre quién asumirá la presidencia del Consejo de la Judicatura. No es para menos. Desde la gestión de Wilman Terán, esta institución ha transitado por un laberinto de crisis que la han alejado de su propósito fundamental. Lo que debía ser una institución garante de la independencia judicial y sinónimo de ética y transparencia se ha convertido en un obstáculo de la correcta administración de la justicia.
Ahora los ecuatorianos debemos exigir un Consejo de la Judicatura verdaderamente independiente, que cuente con los recursos económicos suficientes, con talento humano calificado y las herramientas adecuadas para cumplir con una labor transparente. Una justicia que, en definitiva, haga realidad su lema institucional: “hacemos de la justicia una práctica diaria”.
Enorme es la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que ha sido tan cuestionado en el proceso de selección de las autoridades nacionales. En esta ocasión, se espera que sus miembros actúen con prudencia, sensatez, independencia y sobre todo legalidad.
El Consejo de la Judicatura, más allá de convertirse en un eslabón para independizar el órgano judicial, ha sido una institución ineficiente y foco de varios actos de corrupción, con sus honrosas excepciones.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Con qué criterio se permite que quienes han demostrado actos reñidos con la ética profesional por haber sido vinculados o defensores de miembros de los GDO ocupen posiciones desde las cuales se decide sobre la designación de jueces, quienes han revelado la injerencia delictiva y de la mala política en la administración de justicia?. También es grande la expectativa sobre el actual Presidente transitorio, Mgs. Damián Larco, quien en el tiempo que está en el cargo deberá tomar acciones contundentes, rigurosas y urgentes para enderezar y encaminar la solución de los males que aquejan al Consejo de la Judicatura. De darse procesos de selección de nuevos jueces, que dichos procesos sean transparentes, absolutamente éticos y que no puedan ser objeto de cuestionamiento alguno. Ya que la independencia judicial y la confianza en el sistema de administración de justicia son las que generan un ambiente de seguridad en la ciudadanía ecuatoriana.
Finalmente, lo que está en juego es la credibilidad institucional, la independencia judicial y la esperanza de la ciudadanía de tener una administración de justicia proba, ética y neutral, que no se subyugue a ningún tipo de condicionamiento externo para que pueda hacer lo justo y correcto.
Que el Consejo de la Judicatura comprenda, finalmente, que no se trata de administrar expedientes, sino de brindar una respuesta a nuestra gente. Porque detrás de cada caso hay la esperanza legítima de obtener respuestas. La justicia de un país no se mide por la cantidad de procesos archivados, sino por la verdad que se plasma en cada sentencia y por la dignidad que se restaura en quien espera. (O)
