LOS 4 DE LAS MALVINAS
La reciente sentencia emitida por un tribunal en Guayaquil, que condena a 11 militares por la desaparición forzada de cuatro menores en el sector de Las Malvinas, representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en Ecuador. El caso, que conmocionó al país desde diciembre de 2024, involucra a Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, quienes fueron detenidos durante un operativo de seguridad y posteriormente encontrados sin vida. Once de los implicados recibieron penas de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que los demás enfrentan condenas menores, reconociendo su participación en un crimen que viola principios fundamentales de la dignidad humana.
Este fallo no solo hace justicia a las víctimas y sus familias, sino que marca un hito al demostrar que el sistema judicial ecuatoriano puede actuar con independencia y rigor, incluso en contextos de alta complejidad como el estado de emergencia declarado para combatir la delincuencia organizada. En un país donde la seguridad pública ha sido una prioridad, esta decisión resalta la necesidad de equilibrar el uso de la fuerza estatal con el respeto irrestricto a los derechos individuales. Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado el hecho, subrayando su gravedad en el marco de operaciones militares.
El caso de los “4 de las Malvinas” no es aislado. Recordemos el de Dave Loor, un joven de 20 años desaparecido en agosto de 2024 en Los Ríos, junto a Juan Daniel Santillán, tras ser detenido por militares. Hasta la fecha, sus familias continúan en una búsqueda incansable, formando parte de al menos 31 denuncias de desapariciones forzadas reportadas bajo similares circunstancias.
Estos episodios evidencian patrones preocupantes que han surgido en medio de esfuerzos por restaurar el orden público, pero también destacan la resiliencia de la sociedad civil y las instituciones para abordarlas.
Sin duda, esta sentencia envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera en tiempos de crisis.
Para Ecuador, este momento puede ser el catalizador de reformas que fortalezcan protocolos de actuación militar, integrando capacitaciones en derechos humanos y mecanismos de supervisión independientes. De esta forma, se honraría no solo a las víctimas de Las Malvinas, sino a todas aquellas afectadas por violaciones similares.
En última instancia, este fallo refuerza la esperanza de un Ecuador más justo. Frente a desafíos como la violencia organizada, la prioridad debe ser una seguridad respetuosa de la vida. Las familias de las víctimas merecen no solo justicia, sino un compromiso colectivo para prevenir que estos actos se repitan.
