Ley de Eficiencia Administrativa para Modernizar el Estado
Un de los anuncios del Presidente Noboa es Ley de Eficiencia Administrativa para Modernizar el Estado. Bien sabido es que la administración pública ecuatoriana enfrenta serios desafíos estructurales relacionados con la ineficiencia, la burocracia excesiva y los altos niveles de corrupción. En este contexto, el presidente Daniel Noboa ha anunciado la presentación de la Ley de Eficiencia Administrativa, con el objetivo de reorganizar ministerios, optimizar la contratación pública y mejorar la gestión de empresas estatales.
Ciertamente, la eficiencia administrativa es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento del Estado y el desarrollo sostenible. En países como Ecuador, donde las instituciones públicas han sido históricamente afectadas por una débil gobernanza y una burocracia poco funcional, cualquier iniciativa que proponga optimizar la gestión pública merece un análisis riguroso. En este sentido, el anuncio de la Ley de Eficiencia Administrativa por parte del presidente electo marca un hito dentro de su estrategia de reforma estatal.
La administración pública ecuatoriana ha sido caracterizada por una estructura sobredimensionada y desarticulada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el gasto corriente del sector público representa alrededor del 60% del presupuesto general del Estado, lo que limita la inversión pública y reduce la capacidad del gobierno para generar políticas sostenibles. En este contexto, el proyecto de ley se presenta como una respuesta a la urgente necesidad de reformar y reorganizar el aparato estatal.
Evidentemente, la reorganización de ministerios y empresas públicas, tiende a reducir duplicidades de funciones, por tanto, la optimización de los procesos de contratación pública, debería utilizar criterios de eficiencia y transparencia. El fortalecimiento del marco institucional, deberá tener nuevas estructuras administrativas, mas ágiles y menos costosas.
La Ley de Eficiencia Administrativa propuesta por el presidente Daniel Noboa representa una oportunidad para replantear el funcionamiento del Estado ecuatoriano desde una perspectiva moderna y funcional. No obstante, su éxito dependerá de varios factores como la calidad técnica del proyecto normativo, la voluntad política para su aprobación y ejecución, y la participación activa de la sociedad civil y la academia en su seguimiento.
En este contexto, resulta indispensable que el gobierno garantice la transparencia del proceso legislativo y promueva un debate público amplio e informado. Solo así se podrá transformar una promesa política en una verdadera política pública.
