La normalidad del litigio

Desde que se descubrieron los súper poderes de la llamada “corte de cortes”, no ha habido discrecionalidad que no termine en una acción judicial para enderezar entuertos o, simplemente, para preservar prerrogativas y canonjías inamovibles.

Hay una frase que suena absurda, hasta que se la vive: en el Ecuador contemporáneo convivimos más con la inconstitucionalidad que con la constitucionalidad. No porque la norma suprema haya desaparecido, sino porque se ha convertido en el terreno cotidiano de disputa. La excepción dejó de ser tal. Todo termina, casi por reflejo, en una acción de protección o en una demanda de inconstitucionalidad.

Y esos hechos, atraen la atención ciudadana, el olvido selectivo y la abstracción de la realidad a niveles insospechados de “zombienolencia”.

Desde el cónclave de Montecristi, el país apostó por un “modelo robusto” de justicia constitucional: Una Corte de amplias facultades de control, interpretación y revisión. Propósito loable sin duda: blindar derechos, frenar abusos y consolidar un Estado constitucional de derechos y justicia.

¡Sin embargo, algo se desvió en el camino!  Y hoy, asistimos a una judicialización crónica de la política.

Decisiones administrativas que se resolvían en el ámbito institucional ahora se trasladan a los jueces. Conflictos que deberían debatirse en la Asamblea se redefinen como “vulneraciones de derechos”. Disputas de poder se visten de garantías constitucionales. Y así, el litigio sustituye al diálogo democrático, mientras tanto, nos llenamos la boca hablando de más democracia y acusando de autoritario a todo lo que nos incomoda.

En el fondo, el problema no es la existencia de mecanismos de control; sino su uso estratégico e indiscriminado. Acciones de protección concebidas para tutelar derechos fundamentales, se han convertido -en no pocos casos- en instrumentos para mantener cargos, bloquear decisiones incómodas o prolongar disputas políticas.

Todo apunta a que la inconstitucionalidad dejó de ser una alarma excepcional para convertirse en argumento de rutina… Una puerta de escape que deriva en una paradoja inquietante: cuanto más se invoca la Constitución, menos cultura constitucional se construye. Porque esa cultura no consiste solo en acudir a los jueces, sino, en que instituciones y personas internalicen límites, respeten competencias y asuman responsabilidades sin necesidad de intervención de un tribunal cada semana.

Resumiendo, bien podría decirse que cuando todo se judicializa, la política se infantiliza.

Se gobierna con el expediente bajo el brazo y no con el mandato ciudadano en la conciencia. Se legisla pensando en la demanda futura. Se administra con el temor constante a la medida cautelar. El país se ubica en una suerte de interinidad en donde nadie decide del todo, pero todos se amparan en la última sentencia.

Si el árbitro se convierte en protagonista, algo no funciona bien en el juego.

¿Será comprensible y justificable que la fragilidad institucional y desconfianza entre funciones del Estado, nos lleve a la tentación de trasladar cada disputa al foro judicial? O es que hemos confundido el Estado constitucional con el Estado litigioso.

¡Qué mejor que un tercero lo decida! Para quitarnos el florón de las manos.

Pero esa práctica no garantiza mayor seguridad jurídica, sino mayor incertidumbre, y, gobernar en esas condiciones, termina erosionando la responsabilidad política.

En nuestro caso, los cambios y ajustes constitucionales -hábilmente diferidos- siguen pendientes y no tienen viso de resolverse. Por eso, si bien las constituciones son pensadas como pacto y no como estrategia coyuntural, cuando cada actor las invoca solo cuando le conviene, terminaremos vaciándolas de sentido.

El verdadero desafío quizá sea recuperar una ética pública donde la primera reacción ante el conflicto no sea judicializarlo, sino resolverlo políticamente dentro de los límites que la propia norma suprema establece y las leyes pertinentes desarrollan. (O)