La guerra arancelaria un escenario de «perder perder”
La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia se ha convertido en un clásico escenario de «perder-perder», donde ambos países acumulan daños económicos, sociales y diplomáticos sin que ninguno logre una victoria real. Lo que comenzó como una medida unilateral de «seguridad nacional» por parte del gobierno de Daniel Noboa la «tasa de seguridad» del 30% aplicada desde febrero de 2026, ha escalado rápidamente a un 50% a partir del 1 de marzo, con Colombia respondiendo de forma recíproca al elevar sus aranceles al mismo nivel y amenazando con ampliar la lista de productos afectados. El resultado no es fortalecimiento de fronteras ni corrección de déficits: es una espiral destructiva que castiga a consumidores, productores, trabajadores y la estabilidad regional.
Desde el lado ecuatoriano, el gobierno defiende la medida con cifras selectivas: recaudación de unos 13 millones de dólares en menos de un mes con el 30%, reversión del déficit comercial bilateral (de un rojo mensual de 90 millones a un superávit de 30 millones, según Noboa) y una supuesta reducción del 33,3% en muertes violentas en provincias fronterizas. Las importaciones desde Colombia cayeron un 69% en las primeras semanas, lo que significa que el comercio formal se está evaporando, no equilibrándose. Gremios como Fedexpor y la Cámara de Industrias alertan de hasta 40.000 empleos en riesgo y el impacto en 7.600 empresas, muchas de las cuales dependen de insumos colombianos baratos y cercanos para mantener competitividad en una economía dolarizada que no permite ajustes vía devaluación.
El encarecimiento de bienes esenciales como medicamentos, químicos industriales, vehículos, alimentos procesados genera inflación adicional para los hogares ecuatorianos, mientras que la frontera norte, ya vulnerable, ve cómo el comercio ilegal y el contrabando ganan terreno. Como ha señalado el presidente Gustavo Petro, eliminar o encarecer drásticamente el comercio legal solo fortalece a los narcotraficantes que pretenden combatir. Paradójicamente, la «tasa de seguridad» incentiva rutas irregulares controladas por los mismos grupos criminales transfronterizos.
Colombia, por su parte, no sale indemne. Sus exportaciones hacia Ecuador tambien se ven gravemente afectadas, con sectores agrícolas, farmacéuticos y energéticos. La reciprocidad colombiana, aunque justificada, amplifica el daño mutuo: restricciones terrestres a productos como arroz, plátano y papa, y la posibilidad de incluir más partidas en la lista de aranceles del 50%. Ambos gobiernos han roto el diálogo bilateral efectivo, con demandas cruzadas en la Comunidad Andina que solo prolongan la incertidumbre.
Este conflicto no resuelve problemas de seguridad ni desequilibrios comerciales; los agrava. En un contexto de dolarización estricta en Ecuador y presiones internas en ambos países, el proteccionismo reactivo y punitivo demuestra ser una herramienta ineficaz y costosa. La verdadera soberanía no se mide en aranceles altos, sino en la capacidad de cooperar inteligentemente contra amenazas comunes como el narcotráfico y la minería ilegal, sin sacrificar el bienestar económico de millones de ciudadanos.
