Justicia secuestrada

Con ingenuidad, muchos ecuatorianos creímos que después de los casos Metástasis y Purga la justicia había tocado fondo y comenzaba, al fin, su saneamiento. Creíamos que la corrupción había sido expuesta, que los tentáculos del crimen organizado habían quedado al descubierto y que el sistema judicial, aunque golpeado, saldría fortalecido. Hoy, esa esperanza se desvanece.

Los audios divulgados sobre presiones ejercidas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano y la posible participación, aunque sea indirecta, de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, exponen una realidad preocupante: la justicia continúa siendo vulnerable y, en los hechos, parece estar secuestrada por intereses oscuros, por redes que operan desde dentro y por un miedo que ya no se oculta.

El punto de inflexión no son únicamente las presuntas conexiones del presidente de la Judicatura ni los antecedentes laborales de terceros que hoy son revisados públicamente. Estos deben analizarse con responsabilidad, sin linchamientos mediáticos, pero con la transparencia necesaria para que la ciudadanía vuelva a confiar. Y eso, hoy, parece cada vez más difícil.

La verdadera controversia es que un juez haya recibido amenazas públicas por no haber favorecido a un traficante de sustancias ilícitas. En otras palabras, los delincuentes no solo obtienen sentencias que benefician sus intereses, sino que también intimidan a quienes se resisten. El juez Serrano, hoy, por miedo y por la falta de protección del Estado, se encuentra fuera del país, salvando la vida.

Cuando los pájaros disparan a las escopetas, algo está profundamente roto. Cuando un juez requiere heroísmo para cumplir su deber, el Estado de derecho deja de ser garantía y se convierte en excepción. Cuando las alertas surgen de filtraciones periodísticas y no de los órganos de control, la institucionalidad se desmorona.

No se puede exigir confianza ciudadana mientras jueces honrados trabajan con miedo y bajo presión para dictar sentencias en favor de los criminales. Tampoco se puede ignorar el pasado laboral de quienes hoy rodean a las más altas autoridades judiciales. Mucho menos es aceptable seguir encubriendo un sistema enfermo en su estructura.

La justicia no puede estar a merced del crimen organizado ni de los silencios cómplices. O el Estado responde con firmeza, o acabaremos aceptando, resignados, que en Ecuador la ley se aplica cuando los delincuentes lo permiten. (O)