¿El subsidio al diésel es un derecho?

El subsidio al diésel en Ecuador tiene una historia que abarca más de cinco décadas; instaurado en 1974 durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, en un contexto de bonanza petrolera que vivió el país. Desde entonces, el subsidio se consolidó como una política pública orientada a mantener bajos los precios de los combustibles y, por ende, reducir los costos de producción y transporte en sectores clave como la agricultura, el transporte y la minería. 

Una segunda bonanza petrolera, la tuvo Ecuador en el gobierno del presidente Correa; el precio internacional del petróleo alcanzó niveles muy altos, lo que permitió al gobierno de la Revolución Ciudadana obtener grandes ingresos por las exportaciones de crudo; circunstancia esta que incentivó la mantención del subsidio. 

En su concepción más sencilla, un subsidio es una ayuda financiera otorgada por el gobierno de turno para reducir el costo de ciertos productos o servicios, con el objetivo de hacerlos más accesibles a la población; Ahora, la idea de que «el subsidio al diésel es un derecho» se basa precisamente en la premisa de que el acceso a precios accesibles es fundamental para el bienestar del pueblo. Aquí viene la pregunta que deberíamos hacernos ¿Realmente el subsidio al diésel ha servido para el bienestar del pueblo? Ciertamente, en teoría esta justificación puede considerarse válida y apunta a un objetivo de equidad social. No obstante, en la práctica, y penosamente debemos decir que NO; el subsidio al diésel en Ecuador no ha cumplido su objetivo social.

Gran parte del subsidio ha sido captado por empresas de transporte de carga, transporte urbano, y sectores privados que no necesariamente representan a los más vulnerables. Es decir, aunque el subsidio ha buscado beneficiar al pueblo, este se ha concentrado en sectores con mayor poder económico.

El grueso de este subsidio se ha llevado el contrabando de diésel hacia países vecinos, donde los precios son más altos. Esto significa que una fracción significativa del dinero público no se destinó a los ecuatorianos pobres, sino a oportunistas que han lucrado con la diferencia de precios.

El narcotráfico en Ecuador, ha utilizado el diésel subsidiado de manera ilegal para financiar la producción y el transporte de drogas. Dado que el diésel es un insumo clave para el transporte y la operación de los laboratorios de procesamiento de cocaína, el subsidio a este combustible ha permitido que los grupos narcotraficantes reduzcan sus costos operativos. el narcotráfico obtiene un beneficio económico directo y facilita sus actividades ilícitas.

La minería ilegal, ha sido otro sector que se ha beneficiado del subsidio al diésel. Los mineros ilegales, que operan fuera del marco legal y muchas veces en áreas protegidas, utilizan grandes cantidades de diésel para las máquinas pesadas que extraen oro, en varias provincias del país. A costa del efecto devastador al medio ambiente.

Estimados lectores, en teoría, el subsidio al diésel puede verse como un «derecho» en tanto se busque garantizar el acceso asequible a este recurso.  En la práctica, el subsidio ha sido ineficiente y ha perjudicado el bienestar público al beneficiar a actores ilegales y distorsionar el mercado, lo que pone en duda su efectividad como un derecho real para la población más vulnerable. Entonces quienes motivan la protesta vandálica por la eliminación del subsidio “no son los de a pie”, son quienes realmente se han beneficiado. (O)