El gobierno firma, el país paga
Seguimos tropezando con la misma piedra repetidamente: contratos improvisados, decisiones precipitadas y una gestión de lo público que no aprende de sus propios errores. Es ineludible cuestionar si, en las altas esferas del poder, hay conocimiento de los costos asociados a errores en la firma o en la finalización de contratos.
La última emergencia eléctrica y los intentos de contratación recientes en el sistema sanitario evidencian un patrón constante: falta de rigor; negligencia o inoperancia; indiferencia con la realidad del país; gestión sospechosa de los recursos públicos o una mezcla de estas opciones.
El caso Progen es un ejemplo de cómo no gestionar una crisis. En medio de los apagones de hasta 14 horas de año anterior, se firmaron contratos que hoy están bajo sospecha. La Contraloría ha identificado indicios penales, compra de motores usados que no arrancan, pagos sin claridad y obligaciones incumplidas por parte de la empresa contratada. La emergencia justificaba la urgencia, no la imprudencia.
Lo que debía ser una solución terminó siendo un nuevo problema que nadie asume con responsabilidad. Algo similar ocurre con el proyecto Esmeraldas III, donde se habrían desembolsado más de 70 millones de dólares pese a evidentes incumplimientos. Las lluvias, por fortuna, evitaron cortes de luz este año.
Este tipo de acciones deberían generar indignación nacional. No obstante, se tiende a normalizar prácticas que ponen en riesgo recursos fundamentales sin el control adecuado. Este panorama tampoco es ajeno al sector de la salud. También en crisis.
Bajo un contrato, inexplicablemente «reservado» por 15 años, la empresa Healthbird, sin trayectoria comprobada, intentó gestionar el agendamiento de citas médicas, con un contrato de casi 30 millones de dólares. Es contradictorio hablar de modernidad y transparencia mientras se esconde lo fundamental.
Cuando cambia un gobierno, los errores no se desvanecen, se acumulan y el país los arrastra durante años. El caso Chevron es una muestra de ello. Las decisiones erróneas de autoridades anteriores derivan en obligaciones cuantiosas para el Estado, que deberá encontrar una fórmula para no pagar 220 millones de dólares a la petrolera.
Mientras estas prácticas continúen viéndose como simples fallos administrativos, Ecuador continuará pagando las consecuencias de la falta de responsabilidad estatal. Cada contrato compromete el presente y el futuro del país. (O)
