Demasiado poder, pocos resultados
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado por la Constitución de 2008, representó una propuesta ambiciosa: entregar a la ciudadanía, al margen de la política, la designación de autoridades clave del Estado. En teoría, una innovación democrática; en la práctica, una experiencia fallida.
Con el paso de los años, este organismo ha demostrado una incapacidad alarmante para cumplir su función principal. No ha logrado llevar adelante concursos sin escándalos y muchos consejeros están destituidos, procesados, prófugos o condenados. La institución, lejos de fortalecer el sistema de control, lo ha debilitado. Los hechos hablan por sí solos.
El 20 de mayo de 2025, Diana Salazar renunció de manera irrevocable a su cargo como Fiscal General del Estado. El subrogante, Wilson Toainga, asumió su puesto, pero dimitió el 21 de noviembre del mismo año. Desde entonces, Carlos Alarcón ejerce como fiscal encargado, mientras el CPCCS sigue sin designar a un titular.
La Defensoría del Pueblo refleja un problema semejante. Tras la destitución de Freddy Carrión, el cargo permanece en manos de un encargado. César Córdova fue designado en septiembre de 2021 y, hasta hoy, el país no cuenta con un defensor titular.
A esto se suma la situación del Consejo Nacional Electoral. La totalidad de sus miembros: Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Elena Nájera y Esthela Acero permanecen en funciones prorrogadas, a la espera de que el CPCCS realice el proceso para designar a sus reemplazos, una tarea que ni siquiera ha empezado.
Estos vacíos institucionales resultan alarmantes. En el país se está normalizando la subrogación y la prórroga, mientras el organismo encargado de designar autoridades no cumple su función. Todo indica que podría concluir el presente período sin hacerlo.
En este escenario, se reactiva la propuesta de retirar al CPCCS la facultad de designar autoridades y devolverla a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional habilitó esta opción y los ciudadanos podrían decidirlo en una próxima consulta popular. Sin embargo, el dilema persiste: si el CPCCS ha fracasado, el Legislativo tampoco ofrece garantías plenas. El riesgo es sustituir un modelo ineficaz por otro igualmente cuestionado.
La decisión es incómoda. El CPCCS resultó ser una mala idea. Pero la posible solución tampoco es necesariamente perfecta. El país deberá reconstruir su sistema institucional sin repetir los errores que hoy lo mantienen entre demasiado poder y pocos resultados. (O)
