Del subsidio al paro
Desde 1970, los gobiernos, han subsidiado la gasolina, diésel y gas licuado de petróleo; destinando miles de millones de dólares en subsidios, siendo el diésel con el mayor beneficio.
Existen subsidios generalizados, que aplica un precio reducido para el usuario, como del gas. Los directos, que implica un pago en efectivo a beneficiarios específicos, como a los transportistas. Y el subsidio cruzado, donde un grupo de usuarios con mayor capacidad de pago, subsidia el consumo de otro grupo de usuarios, usualmente de bajos ingresos; como en la energía eléctrica y agua potable.
Todo subsidio cumple con tres condiciones básicas: es transitorio; focalizado y ser eficiente. Muchos subsidios, convertidos en permanentes, contienen paternalismo político eleccionario; porque son el medidor de popularidad y trampolín de personajes a la política. Están demagógicamente utilizados con alto costo fiscal; y, en desmedro de sectores de alta importancia como la salud, educación, empleo y vialidad.
El análisis de Situación Poblacional del Ecuador (ASP) 2024-2025 del UNFPA, manifiesta que tras una década de gobierno socialista, la situación económica de la población no mejoró. Las condiciones de vida se desarrollan en un entorno marcado por el desempleo, elevados índices de violencia e incertidumbre política. El Estado en su deber de asegurar el bienestar y el ejercicio de los derechos ciudadanos en ambientes adversos; considera mitigar sus efectos, a través de la expedición de bonos, pensiones y ayudas sociales como solución.
Subsidiar es crear dependencia con ociosidad mental laboral; genera negocios ilícitos como el contrabando de combustibles, ligados al narcotráfico y minería ilegal. El subsidio al diésel siempre ha estado focalizado al transporte público para evitar aumentos en pasajes y fletes; también para los pescadores artesanales y agricultores; más no para industrias, fábricas, minería, hoteles y la pesca de gran escala, quienes sí recibieron un combustible subsidiado, por años, sin tener derecho a ello. El combustible subsidiado utilizado en sus operaciones, fue y es el diésel que dejó de llegar a los agricultores, transportistas y familias que sí dependían legítimamente de ese apoyo estatal. Voceros de los sectores industriales, mineros e incluso pesqueros han expresado su malestar y advierten incrementos en los precios de bienes y servicios; argumentando que la medida elevó sus costos operativos, cuando no tuvieron el derecho de usar un diésel subsidiado. No existe base legal para exigir compensaciones y peor aún, trasladar al consumidor los costos que deben ser parte de sus procesos productivos.
Para el indigenismo, este es el momento para ensamblar un paro impopular, inconsulto, oportunista, y discriminatorio. Detrás del discurso de golpe económico que utilizan, se esconde la realidad sociopolítica que, favorece a grandes negocios en detrimento de los más vulnerables. Pero más allá está el verdadero interés, oponerse a una consulta, mantener una constitución con intereses sectarios y donde tienen prebendas. Se cobijan con la bandera de un nacionalismo barato; y con atrevimiento ignorante amenazar a la mayoría de los ecuatorianos con pisotear nuestra capital, como si fuera el mayor triunfo de su decadente popularidad. (O)
