Cuando la justicia falla en dos orillas
La liberación de Willian Joffre Alcívar Bautista en España no es un hecho aislado ni un mero error administrativo; es una derrota del Estado ecuatoriano y una evidencia de cómo las debilidades de la institucionalidad se pagan fuera de las fronteras patrias.
Alias Negro Willi, cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones, se volvió célebre después de que, en enero de 2024, el canal TC Televisión fuera tomado violentamente. Luego, en una redada en Tarragona, fue apresado en octubre de 2024. Su hermano Álex Iván, conocido como Ronco y segundo al mando de la organización, también cayó en manos de la ley. De inmediato, Ecuador solicitó su extradición. No obstante, el proceso se estancó, pues la justicia de España requirió garantías antes de enviarlo de vuelta al país.
Entre enero y marzo de 2025, funcionarios españoles pidieron información pormenorizada sobre el sistema penitenciario ecuatoriano. Siendo honestos, los datos no están a nuestro favor. Entre 2021 y 2024 se registraron más de 500 personas privadas de libertad asesinadas, cárceles dominadas por grupos de crimen organizado y un Estado sin capacidad real para ejercer control efectivo. Las exigencias de garantías, por tanto, no resultaban injustificadas.
Ecuador reaccionó con compromisos e informes que, a decir de la justicia española, no fueron suficientes. No por falta de documentos, sino por el peso de los antecedentes. El 7 de enero de 2026, alias Willi recuperó su libertad. No por absolución judicial, sino porque no se logró demostrar que el Estado ecuatoriano pueda garantizar condiciones mínimas en su sistema carcelario. Este hecho es devastador. No es España quien absuelve a un hombre peligroso; es el Ecuador el que queda en evidencia por no haber resuelto una crisis que arrastra por años.
La respuesta oficial fue anunciar una nota de protesta diplomática: un gesto tardío y simbólico que difícilmente repara el daño. Mientras se intercambian comunicados, un hombre señalado por liderar estructuras criminales está libre y, con alta probabilidad, operando desde las sombras.
Este caso desnuda una verdad incómoda: la lucha contra el crimen organizado no se gana solo con capturas ni con discursos de mano dura. Se pierde cuando el Estado es incapaz de garantizar derechos básicos incluso a quienes delinquen. Así, el país seguirá perdiendo extradiciones y credibilidad internacional. La justicia no falló solo en España. Falló, primero y gravemente, en casa. (O)
