Control político a la Corte Constitucional 

Columnistas, Opinión

El anuncio presidencial del restablecimiento del control político a la CC en una pregunta de la consulta popular, ha unido a generadores de opinión de diferentes orillas ante la amenaza de someter a los “neutrales” defensores de la Constitución. En la sabia Constitución de 1998 se contempló el control político de los jueces del desaparecido Tribunal Constitucional. Los constituyentes de Montecristi les blindaron totalmente a los jueces de la Corte Constitucional, el 2008, para que no pudieran ser controlados por poder democrático alguno. 

Entre el 2008 y el 2017, los jueces de la CC estuvieron sometidos al poder Ejecutivo de turno. Legitimaron la transformación constituyente y cuidaron de la legalidad revolucionaria. A varios de los mandatos constituyentes y a la memorable Ley de Comunicación las declararon constitucionales. No les importaba si vulneraban derechos constitucional. Dado que no estaban expuestos a control alguno, su trabajo era el de ser guardianes del proyecto gubernamental. 

Cuando Moreno se apartó del camino recorrido por Correa,  las diferentes mayorías de jueces enquistadas en la CC se dedicaron, desde el 2017, a impulsar sus propias agendas políticas, olvidándose de la tarea revolucionaria del pasado. Aprovecharon el blindaje constitucional para usurpar el poder constituyente para reformar la Constitución con interpretaciones artificiosas, como ocurrió con el matrimonio igualitario. Sustituyeron a los legisladores con el mecanismo del control de la constitucionalidad de las leyes, como sucedió con la elevación del gasto público sin financiamiento para egresos de jubilaciones del magisterio. Llegaron a despojarle al Presidente de competencias para elaborar y ejecutar políticas públicas. Le privaron, sin medir las consecuencias en el presupuesto del Estado, de ingresos al Estado con el impulso a la consulta que sirvió para que se cerrara el ITT. 

Los jueces activistas y iusmoralistas han menoscabado varios derechos constitucionales y han erosionado los cimientos de la democracia. Exponerlos al control del órgano Legislativo es correcto, sin que ello implique la reversión de sus sentencias y dictámenes. Deben dejar de ocultarse detrás del blindaje de la Constitución de Montecristi. Si reforman la Constitución con una interpretación, en contra de la voluntad del constituyente y de la mayoría de ecuatorianos, están llamados a responder ante el órgano democrático depositario de la soberanía popular. (O)

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