Consulta o Constituyente

En el mundo de los códigos y los alumbramientos, las opiniones temáticas tienen una virtud innegable: alertar al transeúnte y seguidamente, nutrirse de la expectativa generada por el impacto. No es de extrañar entonces que accedamos a testimonios y expresiones camufladas. Muchas veces recogidas en frases cargadas de un positivismo deslumbrante, casi que sobrecogedor y, exasperantemente “risueño” pero… movido a la sorna y encaminado a lograr exactamente lo contrario.

Lo anterior sonaría a un despropósito, pero en realidad no es tal.  El objetivo nunca ha estado más claro.  Por eso, la andanada de (opiniones identificadas) y (opiniones no identificadas) están en pleno apogeo, encargadas del bombardeo a la propuesta de consulta que apenas si está esbozada, tanto como estuvieron y están, respecto de las leyes urgentes presentadas por el ejecutivo (incluidos textos afincados en dictámenes del Tribunal), que fueron tramitadas, aprobadas y “ágilmente” suspendidas por la CC. 

Suspensiones o decisión definitiva que, de así acontecer, intentará incomodar al presidente e impedir la continuidad de acciones de combate y cambio que ya están siendo encaminadas, “supuestamente” porque afectan derechos humanos de criminales y narcodelincuentes a los que “se debe proteger”.

Como en todo, hay criterios y visiones divididas que permiten revelar posiciones y respaldos diferentes, así como advertir sugerencias y ampliaciones.

Por las razones expuestas, no me detendré en el contenido de las preguntas que el gobierno pretende consultar, sino más bien en el categórico y evidente sesgo en que presumiblemente se debate el órgano jurisdiccional que, constitucionalmente debe pronunciarse sobre aquellas, en función de operacionalizar su trámite indicando la vía.

En este punto, acudir al dicho “ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no le alumbre”, refrán popular que expresa la idea de buscar un equilibrio, evitando los extremos; puede resultar bien traído a escena, porque esa, debería ser la posición que anime el desempeño de los juristas que integran el altísimo tribunal y no, ningún otro afán de protección o descalificación a ultranza. 

No hay que exagerar (ni por exceso ni por defecto). Hay que encontrar el punto medio para que las cosas funcionen moderadamente bien.

En lo dicho, y con todo respeto, miro con mucha preocupación preguntar al pueblo sobre asuntos que ya están siendo bombardeados mediáticamente y contradichos sistemáticamente por los opositores más críticos al presidente Noboa. 

Una consulta popular, en estas condiciones, corre el riesgo de convertirse en un plebiscito de legitimación o rechazo, más que en un ejercicio deliberativo de transformación. (Y esto no es lo que quiere el gobierno, pero si -seguramente- lo que busca la oposición, aunque aparente y suene debilitada y dividida)

Es que la discusión no debería, ni terminará de centrarse únicamente en lo qué se pregunta, sino en cómo se construye el marco de las preguntas para que suene a música y no a degolladero en los oídos de quienes algo tienen que decir. 

Si el texto constitucional actual resulta anacrónico, desbordado por la realidad y con evidentes sesgos hacia intereses particulares de quienes hoy ya no detentan el poder, pero han dejado suficientes incrustaciones en la institucionalidad, lo más honesto y valiente sería abrir la posibilidad de un proceso constituyente para resolver el impasse y avanzar en el cumplimiento de una promesa electoral.

Una asamblea nacional constituyente no es, ni debe ser, un capricho político, sino una herramienta extraordinaria para repensar el pacto social desde sus cimientos. Y si el momento histórico lo exige, entonces quizá no baste con enmendar; habrá que reconstituir. 

No bastará con reformar el papel: será necesario reformarnos como país. (O)