Condenado por pacificar un país

Al exPresidente Alvaro Uribe le ha condenado una juez colombiana por haber sobornado, desde lejos, por intermedio de su abogado, a un combatiente condenado -guerrillero o paramilitar- para que incrimine a un parlamentario comunista. No existe prueba que alguna que Uribe haya pedido u ordenado a su abogado que se aproxime al condenado con esa propuesta. Tampoco el abogado ha confirmado que ello haya ocurrido. Sin embargo, habiendo estirado las normas y las versiones controvertidas de testigos y víctimas, la magistrada, con el aplauso de antiguos guerrilleros y comunistas, dictó sentencia inculpándole al exPresidente del soborno al preso. 

La sentencia, por cierto, apelable, ha sido vista por quienes no están dentro de la órbita del coro dirigido por Petro y Maduro, como la expresión más pura del lawfare, esto es, la abominable persecución al mandatario que pacificó Colombia con acciones valientes orientadas a arrinconar a los violentos y garantizar la paz de los colombianos. Para los comunistas, en cambio, la sentencia ha sido considerada la manifestación de un Estado de Derecho fuerte y de una seguridad jurídica plena.

La seguridad jurídica y el Estado de Derecho son los pilares sobre los que se levantan las sociedades civilizadas. Sin ellos, la economía privada se paraliza y las legítimas expectativas de progreso de los ciudadanos se diluyen en medio de leyes y ordenanzas arbitrarias y confiscatorias y de jueces incapaces de garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre éstos y el Estado, así como de aplicar la ley sin afanes persecutorios.

Lo ocurrido con Uribe es un síntoma de la debilidad del Estado de Derecho colombiano, del mismo modo de lo que sucede en el Ecuador con decisiones judiciales cuestionables. La judicialización de la política, es decir, la resolución de las disputas entre actores políticos en el espacio judicial, con jueces y fiscales alineados en la confrontación, en lugar de solucionarse en el espacio democrático, es el aporte de los jueces para el deterioro del Estado de Derecho. 

Para que el Estado de Derecho se fortalezca es necesario exigir de los jueces que sean independientes del poder, que apliquen la ley y que resuelvan sobre pruebas válidas, sin comportarse como brazos de un bando político. (O)