Combate a la impunidad desafío histórico 

La medida relacionada con el análisis del origen del patrimonio de jueces y fiscales, según el Gobierno, que han actuado durante años, permitiendo que delincuentes y criminales salgan en libertad genera criterios y opiniones a nivel local. 

 “El combate a la impunidad es desafío histórico para el Estado ecuatoriano, tanto más que es uno de sus deberes primordiales  garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, conforme consta en el numeral 3 del Artículo 8 de la Constitución, más aún que en la actualidad, con los últimos acontecimientos que se vienen presentando, la confianza ciudadana en las instituciones que conforman el sector justicia, es nulo”, expresa el profesional de Derecho y ex Fiscal Provincial,  Ferdinand Ocampo. 

Asegura, que “esta iniciativa adoptada por el jefe de Estado, se encuadra en el marco de lo que establece nuestra Constitución y ordenamiento jurídico; sin embargo, es importante analizar su alcance, límites, muy especialmente lo que tiene que ver con la independencia judicial y el debido proceso”.

Mientras que, Patricio Jines de Jines & Asociados Abogados, considera que “la disposición de revisar las cuentas de jueces y fiscales que liberan a personas acusadas de delitos graves plantea tensión delicada entre el derecho a la intimidad y la necesidad de combatir la corrupción. La Constitución reconoce el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, incluso para funcionarios públicos”.

Y añade, “someter sus finanzas a escrutinio sin base sólida puede convertirse en una forma de presión indebida, afectando la independencia judicial. Sin embargo, cuando existen indicios razonables de enriquecimiento injustificado, la revisión financiera es una herramienta legítima y necesaria para salvaguardar la integridad del sistema judicial”.

Según al comunicado oficial, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) debe realizar el seguimiento integral de las operaciones financieras, identificar los actores y contribuir con la información para desarticular prácticas ilícitas. 

Las reflexiones siguen por parte del profesional de Derecho, Ferdinand Ocampo y señala que “entendiendo que la justicia es servicio público que presta el Estado y recordando que la potestad de administrar justicia nace del pueblo y se la ejerce por los órganos de la Función Judicial, el mismo debe estar orientado a ser eficaz; y, siendo el Presidente quien dirige la política general del Gobierno y la administración pública, está en toda su potestad con el objeto de combatir a los grupos delincuenciales organizados dentro de la guerra interna que actualmente atraviesa el país”. 

Para el economista Marcelo Mejía, esta medida “más que impacto económico, es impacto político-social. Ello tomando en cuenta que la UAFE analizará el origen patrimonial y la licitud del origen de fondos de todos los jueces y fiscales que otorguen medidas procesales sustitutivas a la prisión o que dejen en libertad a secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y otros criminales”. 

Considera que, la “corrupción se halla enquistada desde hace años en la justicia. La economía criminal es la única beneficiada de todo esto y más aún utilizando el sistema financiero y en las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror”. (I)