Atentado presidencial
La jornada de este martes 7 de octubre quedará marcada como un nuevo episodio de violencia política en Ecuador. En el trayecto hacia Cuenca, la caravana del presidente Daniel Noboa fue objeto de un ataque con piedras y otros objetos contundentes, lo que el gobierno calificó como un “atentado contra la caravana presidencial”.
Testimonios y videos difundidos en redes muestran vehículos con vidrios rotos y daños materiales, mientras el convoy que acompañaba al jefe de Estado fue agredido en su paso por la provincia de Cañar. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si hubo heridos entre los ocupantes del convoy, el incidente eleva la tensión del escenario político nacional.
En su presentación pública posterior, el presidente Noboa rechazó el uso de la violencia: “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador”, dijo. Al mismo tiempo, la ministra Inés Manzano presentó una denuncia por intento de asesinato frente a la Fiscalía, evidencia del alcance institucional que el Ejecutivo quiere dar al episodio.
Pero más allá del gesto simbólico, surgirán responsabilidades políticas y jurídicas: ¿quién instigó este ataque? ¿cuál es el límite entre protesta legítima y violencia dirigida contra autoridades? Esta agresión no puede verse como un choque aislado, sino como producto del clima de polarización que vive el país desde el inicio del paro nacional convocado por la Conaie en rechazo, entre otros factores, a la eliminación de subsidios y ciertas reformas.
Si bien el derecho a protestar es un pilar de la democracia, también lo es el deber de garantizar la seguridad de cualquier persona, incluso del Presidente. En un país que clama por diálogo, actos como este erosionan la posibilidad de conversión pacífica de las diferencias políticas. Urge que, en lugar de agravar la confrontación, el Estado y los movimientos sociales reserven espacio para la negociación, evitando que incidentes como el de hoy acaben siendo un punto de no retorno en la conflictividad nacional.
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