Algunas cooperativas deberán convertirse en bancos
No son pocas las reformas económicas que incluye la ley de integridad pública. En lo estructural, unifica la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera en una sola entidad.
Es decir, vuelve al esquema vigente hasta 2021, cuando se dividieron con el argumento de defender la dolarización, de evitar que se confundan los intereses financieros del estado con los intereses de los ahorristas y que cada instancia se maneje de forma técnica, pero independiente.
La ley dispone que esta nueva Junta de Política y Regulación Política y Financiera, en 30 días, inicie el proceso de identificación de las cooperativas de ahorro y crédito que deben convertirse en bancos.
El cambio, se dice, obedece a la necesidad de proteger los ahorros de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera. Las cooperativas se oponen tajantemente a este cambio, la banca lo aplaude.
Las reformas, además, facultan al Banco Central a contratar, a nombre del estado ecuatoriano, créditos externos para financiar la balanza de pagos y para atender necesidades de liquidez. También a contratar líneas contingentes de liquidez, es decir, deuda, que no será registrada como tal. Todo esto a pesar de que en otro artículo se ratifica la independencia del Banco Central.
Ese banco también podrá contratar seguros sobre el precio de commodities, como el petróleo, para mitigar el riesgo de un descenso de precios.
La norma contempla el perdón del 100 % intereses, multas, costas y recargos, ciudadanos y empresas podrán acogerse a este privilegio hasta el último día del 2025. Esta iniciativa no llega desde el ejecutivo, que goza exclusivamente de la facultad para plantear este tipo de propuestas. (I)
