Racismo a la inversa, no existe

Columnistas, Opinión

El debate público en torno a las dinámicas raciales vuelve a encenderse en el país con declaraciones que, lejos de aportar claridad, distorsionan conceptos fundamentales de la sociología y la justicia social. Recientemente, el rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Girard Vernaza, desató una fuerte controversia política y académica al defender la decisión de bautizar un nuevo edificio y un salón auditorio de la Facultad de Pedagogía con el nombre de Álvaro Noboa Pontón, empresario y padre del actual presidente de la República, Daniel Noboa. Ante los legítimos cuestionamientos de diversos sectores, que observaron con suspicacia este homenaje en una institución pública y en plena antesala electoral, la autoridad universitaria optó por calificar las críticas como un supuesto acto de “racismo a la inversa”.

Cuestionar esta afirmación no es un mero ejercicio semántico, sino una necesidad ética y académica. Como bien establecen las ciencias sociales, el llamado “racismo a la inversa” parte de una premisa errónea que confunde el prejuicio o el rechazo individual con un sistema de opresión estructural. Mientras la discriminación interpersonal consiste en un acto de hostilidad o trato desigual entre individuos, algo reprochable venga de donde venga, el racismo opera a nivel institucional, económico e histórico. Representa un andamiaje de poder construido sobre siglos de colonización, esclavitud y supremacía blanca, que ha monopolizado los espacios de decisión y marginado sistemáticamente a poblaciones racializadas.

Pretender que la oposición política o académica hacia la figura de un prominente empresario blanco/mestizo constituye “racismo a la inversa” vacía de contenido el concepto mismo de racismo. Las élites económicas del país no han sido sometidas a procesos históricos de deshumanización ni enfrentan barreras sistémicas que condicionen su acceso a la educación, la justicia o el poder. Por el contrario, el disenso frente a la designación de un edificio público responde a criterios de pertinencia institucional, autonomía universitaria y oportunidad política en un contexto preelectoral, jamás a una vulneración estructural por origen étnico.

Más preocupante aún resulta la descalificación hacia quienes ejercen su derecho al pensamiento crítico dentro de la academia. Al tildar de “incoherentes e irresponsables” a los docentes y estudiantes que se oponen a la medida, se clausura el debate democrático que debe caracterizar a toda universidad pública, especialmente en una provincia como Esmeraldas, símbolo histórico de resistencia afroecuatoriana y lucha contra la desigualdad estructural.

Limpiar el lenguaje es indispensable para debatir con rigor. Utilizar la retórica del “racismo a la inversa” para blindar decisiones administrativas o políticas frente a la fiscalización ciudadana no solo desvirtúa la realidad de las relaciones de poder en el Ecuador, sino que invisibiliza las verdaderas deudas históricas que la sociedad y sus instituciones aún mantienen con los pueblos históricamente excluidos. (O)

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