Petro y el escándalo de los contratos
Hay escándalos políticos que comprometen la administración pública y otros, además, retratan una preocupante degradación del ejercicio del poder. Lo que ocurre en Colombia con Gustavo Petro y las denuncias sobre los denominados “sexocontratos” pertenece, por su gravedad, a esta última categoría.
Deicy Jiménez, una excontratista estatal de 26 años, acusa al expresidente colombiano de ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales, tanto a ella como a otras mujeres. Según su denuncia, habría existido un mecanismo de instrumentalización de la contratación pública para satisfacer intereses personales. La Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones, mientras que Jiménez presentó su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia. Además, los registros oficiales del SECOP dan cuenta de diez contratos suscritos por ella con distintas dependencias estatales. Petro, por su parte, niega categóricamente las acusaciones.
Lo verdaderamente escandaloso no es la vida privada de un expresidente. Cada persona responde por sus decisiones personales. El problema aparece cuando existe la sospecha de que el poder público pudo convertirse en una moneda de intercambio para satisfacer apetitos particulares.
La contratación estatal no es un patrimonio personal del gobernante, tampoco una herramienta para premiar lealtades, construir círculos de complacencia o, mucho menos, obtener favores íntimos. Cada contrato compromete recursos públicos, exige una justificación administrativa y debe responder a una finalidad de interés general. Convertirlo en instrumento de beneficio personal supondría una perversión de los principios más elementales de la función pública.
Hay, además, una contradicción política difícil de ignorar. Petro construyó buena parte de su discurso sobre la lucha contra las élites, la defensa de los sectores vulnerables y la transformación de las prácticas tradicionales del poder. Si las denuncias llegaran a probarse, estaríamos ante una conducta que no solamente comprometería su responsabilidad jurídica, sino que desnudaría la hipocresía de un proyecto político que prometió precisamente lo contrario.
No corresponde condenar anticipadamente. Corresponde investigar, esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Pero tampoco cabe minimizar la gravedad de lo denunciado.
El poder no puede ser una prerrogativa para satisfacer caprichos personales. Quien administra el Estado no es dueño de sus recursos, de sus instituciones ni de la dignidad de quienes dependen de ellas. Esa es una lección elemental de la República que, al parecer, algunos necesitan recordar. (O)
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