La calle dividida: entre la protesta legítima y la instrumentalización del caos

El principio democrático es categórico: manifestarse pacíficamente y exigir transformaciones estructurales constituye un derecho humano fundamental. La calle ha sido históricamente el escenario de grandes conquistas sociales y la voz de quienes sienten que las instituciones han dejado de escucharlos. Sin embargo, ese derecho pierde su fuerza moral cuando el vandalismo, el saqueo y la violencia secuestran las legítimas reivindicaciones ciudadanas.

Protestar es un derecho; destruir y saquear no lo son. Cuestionar al poder es democracia; utilizar la indignación colectiva para imponer intereses particulares es instrumentalización política.

Francia y Ecuador ofrecen ejemplos reveladores de esta compleja realidad. Las movilizaciones francesas reflejan el malestar de sectores que cuestionan las decisiones gubernamentales, el costo de la vida y la respuesta institucional. En Ecuador, las protestas de octubre de 2019, junio de 2022 y septiembre de 2025 evidenciaron profundas tensiones económicas y sociales, así como las dificultades de distintos gobiernos para construir consensos duraderos.

Aunque sus circunstancias son diferentes, estos episodios comparten una advertencia: cuando las instituciones no procesan oportunamente las demandas ciudadanas, la calle se convierte en escenario de presión y confrontación. Y cuando la respuesta estatal se limita a la represión, o el diálogo aparece únicamente cuando el conflicto amenaza con paralizar al país, las causas profundas permanecen sin resolver.

Pero tampoco debemos caer en la ingenuidad de considerar que toda movilización responde a una voluntad colectiva uniforme. En una misma protesta pueden converger familias afectadas por la precariedad, organizaciones que defienden intereses sectoriales, dirigentes que buscan capitalizar el descontento y grupos radicales que recurren deliberadamente a la violencia.

Esta diversidad plantea una paradoja: mientras la ausencia de interlocutores representativos dificulta los acuerdos, determinados actores pueden aprovechar el malestar para desgastar al Gobierno, polarizar a la sociedad o debilitar la institucionalidad. Sin embargo, atribuir automáticamente toda protesta a una conspiración política sería tan equivocado como justificar cualquier exceso en nombre de una causa social.

La legitimidad de una reivindicación no convierte en legítimos todos los medios utilizados para defenderla; del mismo modo, la autoridad del Estado no justifica el abuso ni la criminalización indiscriminada de quienes protestan.

La responsabilidad es compartida, aunque diferente. Los gobiernos deben escuchar, explicar sus decisiones y ofrecer soluciones; los dirigentes deben representar con honestidad; los manifestantes deben respetar los derechos ajenos, y las instituciones de justicia deben actuar con imparcialidad. La fuerza pública debe proteger a la ciudadanía y garantizar el orden dentro de los límites de la ley.

Una democracia no puede acostumbrarse a gobernar al borde del estallido social, ni una sociedad puede convertir la paralización y la confrontación en sus principales mecanismos de interlocución. Cuando las instituciones solo reaccionan bajo presión, la deliberación pierde terreno frente a la imposición y el oportunismo encuentra su mejor escenario.

Si no distinguimos entre el reclamo de justicia y la instrumentalización política del caos, la calle dejará de ser un motor de transformación para convertirse en terreno fértil para la ingobernabilidad.

No por ello debemos dejar de mirar hacia adelante, para recordar hacia dónde vamos; hacia atrás, para no olvidar de dónde venimos; hacia adentro, para descubrir quiénes somos; y hacia arriba, para reconocer aquello que trasciende nuestra existencia.

La calle puede llenarse de ruido y confusión, pero la dignidad de un reclamo justo siempre encontrará su fuerza en la serenidad de sus principios y la firmeza de sus convicciones.