Nuevo ciclo escolar
Quienes pensaron que por medio de una Constitución y una Ley Orgánica de Educación Intercultural se había progresado en la cobertura educativa, o en normativas que reconocen la educación como un derecho esencial, “se quedaron de año”. No ha sucedido ni lo uno ni lo otro; menos aún se previó que el avance tecnológico iba a sobrepasar con creces los argumentos progresistas del marco normativo. La realidad de miles de maestros, directivos y estudiantes en las aulas difiere de los ideales escritos en los documentos oficiales, porque persisten desigualdades importantes entre lo urbano y lo rural, lo público y lo privado, y entre las leyes y la práctica pedagógica diaria. Esas desigualdades no solo son técnicas, sino sociales, culturales y, sobre todo, humanas.
El país exige la transformación educativa como prioridad nacional. Nuestro sistema educativo se debate entre el discurso de las reformas y cómo estas se aplican en la realidad. Se discute de innovación, de habilidades, de pensamiento crítico y de ciudadanos globales; sin embargo, en las aulas sigue vigente un modelo basado en la transmisión de información, la memorización, la evaluación punitiva y el cumplimiento mecánico del programa de estudios. Esto no sucede por falta de disposición de los maestros, sino por un sistema que sobrecarga, controla y desconfía, en vez de apoyar y fortalecer.
El papel del educador es crítico; nadie le asegura las condiciones adecuadas para enseñar y aprender. Se exige y se pregona la educación de calidad, pero no se invierte en una capacitación docente relevante y adaptada al contexto. En estas condiciones, no se puede hablar de innovación si los docentes trabajan en infraestructuras precarias, con escaso acceso a la tecnología y bajo una burocracia que ahoga la tarea pedagógica.
¿Quieren una transformación educativa? Entonces permitan que los maestros se empoderen de su tarea. El enfoque tiene que cambiar del control a la confianza profesional. Eso requiere reconocer al docente como un intelectual de la educación, capaz de investigar, innovar y tomar decisiones pedagógicas sustentadas. También es pertinente revisar los procesos de evaluación docente para que sean formativos, justos y centrados en la mejora continua, lejos de amenazas y estigmatizaciones.
El maestro enseña el poder de la resiliencia y lo demostró en medio de situaciones muy complicadas: ante ideologías políticas arrasadoras de contextos e identidades que provocaron la migración de estudiantes del campo a la ciudad; frente a una pandemia que desnudó las desigualdades sociales y tecnológicas; ante la inseguridad dentro y fuera de las instituciones; así como ante la pobreza que obliga a la deserción, y la crisis institucional por falta de liderazgos y estabilidad administrativa.
Es imperativo coincidir en que la educación no es competencia exclusiva del Ministerio de Educación; es un trabajo mancomunado con otros ministerios, gobiernos locales, universidades, el sector productivo y la sociedad en general. Se necesita una visión interinstitucional que comprenda que la calidad de la educación está íntimamente ligada a la nutrición, la seguridad, la salud mental, la conectividad y las oportunidades de desarrollo comunitario. Invertir en educación no es un gasto: es la herramienta más poderosa para romper los ciclos de pobreza, violencia y exclusión. (O)
