Ahorrar frente a las mafias
Existen decisiones difíciles de explicar y otras que contradicen el discurso oficial. La supresión de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado corresponde, a mi juicio, a las dos categorías: es inexplicable e incoherente.
Esta instancia fue creada por el propio Consejo de la Judicatura en 2021, comenzó a operar en 2022 y desaparece cuatro años después, justo cuando el crimen organizado crece y se fortalece como una de las mayores amenazas para Ecuador.
La contradicción resulta desconcertante. Mientras se multiplican operativos, allanamientos y capturas; mientras se interceptan embarcaciones vinculadas presuntamente al narcotráfico; mientras llega cooperación internacional, equipos y personal estadounidense para fortalecer la lucha contra estructuras criminales; mientras desde Washington se ofrece apoyo contra el narcotráfico y la minería ilegal, el Ecuador decide cerrar la única unidad judicial especializada en juzgar corrupción y crimen organizado. La explicación resulta todavía más incoherente: optimización de recursos.
Optimizar significa utilizar mejor los recursos disponibles, no necesariamente gastar menos. Hay ámbitos donde reducir costos puede ser razonable. Pero existen otros donde ahorrar resulta extremadamente caro. Frente a organizaciones que disponen de millones de dólares, armamento, tecnología, conexiones internacionales, logística avanzada y capacidad para corromper instituciones, el Estado no debería escatimar esfuerzos para combatirlas, investigarlas y juzgarlas.
Las consecuencias, además, no son hipotéticas. Apenas ejecutada la decisión, comenzaron a suspenderse y diferirse audiencias por la falta de claridad sobre qué jueces debían asumir las causas. Entre ellas, una investigación sobre una presunta organización transnacional dedicada al tráfico de explosivos y municiones desde Perú. El mensaje resulta amenazador: las organizaciones criminales saben perfectamente cómo operar, mientras el sistema judicial todavía debe resolver quién las juzgará.
Hace un par de semanas escribí una columna de opinión parecida sobre la denominada pomposamente “Ley Antimafias”. Advertí entonces que ninguna ley hace milagros si detrás no existe un Estado capaz de aplicarla. Hoy aquella advertencia resulta incómoda, pero oportuna.
Combatir al crimen organizado exige policías, fiscales y jueces especializados, protegidos y dotados de recursos. No se puede declarar la guerra a las mafias y, al mismo tiempo, desarmar la estructura encargada de juzgarlas. Eso no es optimización: es una contradicción que el país no debería permitirse y ante la cual la sociedad tampoco debería guardar silencio. (O)
