Cuestionan retrasos en convenios de UPC

Uno de los principales temas abordados por la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, fue el convenio destinado a mejorar las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) del cantón, proceso que, según lo expuesto, lleva cerca de dos años sin concretarse.
La iniciativa fue planteada en junio del 2024 y, desde entonces, ha transcurrido por diferentes administraciones y comandancias de la Policía Nacional. La autoridad sostuvo que ha cumplido con las acciones que le correspondían para avanzar con el proyecto.
El Concejo Municipal aprobó el proyecto de mejoras, mientras que también se realizó el levantamiento y delimitación técnica necesaria para establecer las intervenciones previstas.
Sin embargo, la ejecución del convenio continúa pendiente debido a que resta la firma y el trámite correspondiente por parte de la Policía Nacional, según indicó la autoridad.
“El tema adquiere especial relevancia debido a la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada a la seguridad en los diferentes sectores de Ambato, especialmente ante las demandas ciudadanas de mayor presencia policial y mejores condiciones para el funcionamiento de las UPC”, dijo.
Hay que recordar que el proyecto contemplaba la repotenciación de 10 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que quedó, por el momento, en pausa.
Así lo confirmó el comandante de la Subzona de Policía Tungurahua, Jimmy Viteri, asegurando que el proceso de intervención de las 10 UPC, están hasta nuevos lineamientos.
El objetivo era mejorar las condiciones de infraestructura y fortalecer la presencia policial en diferentes sectores.
Viteri, dejó en claro que el proyecto no avanza actualmente. “Eso de las unidades se pospuso con el municipio”, manifestó.
En el caso de Ambato, Viteri explicó que anteriormente ya se habían iniciado gestiones con el Municipio para intervenir varias UPC. Sin embargo, el proceso no pudo concluir debido a inconvenientes relacionados con aspectos legales y documentación.
Frente a esta situación, la institución policial señaló que existe el compromiso de retomar los trámites formales y buscar los mecanismos necesarios para concretar la readecuación de estos puntos de control y atención comunitaria.
El objetivo es que las unidades cuenten con condiciones adecuadas para el trabajo de los servidores policiales y, al mismo tiempo, permitan brindar una atención más cercana a los habitantes de los diferentes sectores.
Aclaró que cualquier intervención o respaldo que provenga de las alcaldías deberá ser analizado previamente de acuerdo con las necesidades técnicas y operativas de cada zona.
Esto significa que la cantidad de UPC que finalmente sean intervenidas dependerá de los estudios y de la revisión documental que actualmente se encuentran en desarrollo. Aunque se ha mencionado como posibilidad la intervención de alrededor de 10 unidades comunitarias, esta cifra todavía no está definida.
Como parte del compromiso institucional, la Policía Nacional garantizaría la presencia y el resguardo de sus servidores en las UPC intervenidas, así como en las unidades educativas ubicadas en las zonas donde se ejecuten estos proyectos. (I)
