José Serrano y la impunidad política
La llegada de José Serrano Salgado a la Cárcel del Encuentro, esposado y bajo fuerte custodia, tras su deportación desde Estados Unidos el 28 de agosto de 2026, representa un avance significativo en la lucha contra los delincuentes políticos que durante años operaron con impunidad en Ecuador. Serrano, quien fue ministro del Interior entre 2011 y 2016 en el gobierno de Rafael Correa, concentró un poder casi absoluto sobre la seguridad, la Policía Nacional y los aparatos de inteligencia. Considerado el “hombre fuerte” del correísmo en esa área, controló operativos, depuraciones policiales y, según múltiples denuncias, utilizó esas herramientas para el control político y la persecución de opositores.
Durante su gestión, Serrano acumuló señalamientos de abusos de poder, montajes, espionaje y vínculos opacos. Su influencia se extendió más allá del ministerio: llegó a ser el asambleísta más votado en 2017 y presidente de la Asamblea Nacional. Ese poder, sin embargo, no lo protegió de las acusaciones que hoy lo tienen procesado como presunto autor mediato del magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. La Fiscalía lo señala como pieza clave en la planificación del crimen, junto a otros involucrados.
Que un exfuncionario de tan alto rango haya sido entregado por Estados Unidos y recluido en un penal de máxima seguridad marca un cambio. Durante años, figuras del poder político lograron evadir la justicia refugiándose en el exterior o aprovechando redes de protección. La captura de Serrano envía un mensaje claro: el poder temporal no garantiza impunidad eterna. Junto a otros casos de políticos procesados, demuestra que la justicia puede alcanzar incluso a quienes alguna vez controlaron las instituciones de seguridad.
Ecuador ha pagado un alto precio por la permeabilidad entre política y delincuencia. Que Serrano enfrente ahora el proceso por el asesinato de Villavicencio, y otras investigaciones pendientes, es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. La captura de delincuentes políticos, cuando se concreta con respeto al debido proceso, fortalece el Estado de derecho y desalienta futuras tentaciones de abusar del poder. (O)
