Impuestos locales a la propiedad
En varios estados, entre ellos, Florida, Carolina del Norte, Wyoming y Oklahoma, en Estados Unidos, los ciudadanos votarán sobre limitaciones a las subidas de impuestos a la propiedad, de tal modo que, en unos casos, se restablezcan los impuestos anteriores a los incrementos, y, en otros, se exonere en no menos del 50% del valor de la propiedad. En Texas el gobernador ha propuesto que se controle rigurosamente la fuente de los incrementos de impuestos a la propiedad inmobiliaria, estableciendo que el gasto público de los municipios no crezca más allá del 3.5% de una año a otro. Con ese límite dice que no habrá justificación para que suban los impuestos prediales en los porcentajes en los que se han incrementado desde el 2019.
Los impuestos prediales han subido, entre el 2019 y el 2026, en porcentajes que han llegado hasta el 60%, en diferentes estados. Más allá de la revalorización de las propiedades, la razón de los incrementos ha sido la de financiar el abultado gasto público. A más gasto, más impuestos directos y visibles como los impuestos a la propiedad. La inclinación de la mayoría de autoridades locales, no de todos, es al aumento del gasto con el dinero ajeno, el dinero de los contribuyentes, a fin de satisfacer las expectativas de aquellos que esperan que las entidades públicas proporcionen servicios para todos los gustos y colores.
En algunos estados, cerca del 45% de propietarios son jubilados o personas que dependen de ingresos fijos, por lo que los incrementos a los impuestos a la propiedad desequilibran sus presupuestos personales y familiares. Si los ingresos fijos aumentan en 15% en un quinquenio y los aumentos impositivos a la propiedad superan el 50%, no hay duda que las políticas impositivas locales irrogan un daño grave a los propietarios de inmuebles.
En el Ecuador los incrementos del impuesto predial están bastante regulados para que no haya aumentos exorbitantes, aunque no faltan exageraciones con el pretexto de actualizaciones. El problema mayor está en la contribución por mejoras, directamente vinculada al valor de la propiedad inmobiliaria. Por obras necesarias y elefantes blancos, el contribuyente, propietario del inmueble, debe pagar las contribuciones directas e indirectas. Lo grave es que algunos alcaldes no cobran ni exoneran, cuando deben hacerlo, y trasladan, para lo futuro, los pagos, con intereses, bajo la amenaza de los órganos de control que, si no se le expolia al contribuyente, el burgomaestre en funciones asume responsabilidades civiles. Ya es tiempo de racionalizar la excesiva carga impositiva derivada sobre todo de las contribuciones de mejoras, además de la cascada de multas por terrenos no edificados o sin cerramiento y las patentes municipales por arrendamientos inmobiliarios. (O)
