Opinar más allá del discurso

Hace medio siglo, días más, días menos, los ecuatorianos fuimos protagonistas de un hecho histórico: el retorno a la democracia. Para muchos significó ejercer por primera vez el derecho ciudadano de decidir el rumbo del país. Fue una experiencia que dejó una huella profunda, marcada por la esperanza, la libertad y la convicción de que la participación podía transformar la realidad.

Con el paso del tiempo, ese espíritu parece haberse diluido entre las urgencias de la política cotidiana. Sin embargo, permanece una herramienta indispensable para evaluar la vida pública: la memoria.

Se suele decir que la memoria tiene patas cortas. La realidad demuestra lo contrario. Puede ser frágil, pero rara vez desaparece. Persiste en las decisiones adoptadas, en las palabras pronunciadas y en las responsabilidades asumidas. Precisamente por ello resulta incómoda para quienes pretenden que el tiempo borre las contradicciones.

En el Ecuador actual, el debate público se desarrolla entre la confrontación permanente, la inmediatez de las redes sociales y la necesidad de producir titulares. Con frecuencia se privilegia la construcción de relatos sobre la verificación de los hechos. Se acusa con facilidad, se emiten juicios anticipados y se confía en que la repetición convierta una afirmación en verdad.

Pero los hechos tienen una fortaleza que ningún discurso puede reemplazar: permanecen.

La memoria colectiva no constituye un simple registro del pasado. Es el instrumento con el que una sociedad mide la coherencia de quienes aspiran a conducirla o ya lo hicieron. Por eso resulta inevitable contrastar lo que ayer se defendía con lo que hoy se proclama. La credibilidad política no depende de la fuerza de las palabras, sino de la consistencia entre el discurso y la conducta.

No existe democracia sin crítica. Cuestionar al poder es un derecho y también una obligación ciudadana. Sin embargo, la crítica pierde legitimidad cuando reemplaza los argumentos por el agravio, la evidencia por la insinuación o la reflexión por la conveniencia política. Más aún cuando quienes censuran a otros procuran ignorar sus propias decisiones, alianzas o responsabilidades.

La política ecuatoriana ha normalizado un fenómeno preocupante: cambios de posición que rara vez vienen acompañados de explicaciones. Se defienden hoy posturas opuestas a las sostenidas ayer, sin reconocer las razones del cambio. 

Rectificar nunca debería considerarse una debilidad; por el contrario, puede ser una muestra de honestidad intelectual. Lo que deteriora la confianza pública es la ausencia de transparencia y la pretensión de que la ciudadanía olvide.

La democracia exige mucho más que discursos apasionados. Requiere responsabilidad, capacidad para reconocer errores y disposición permanente a rendir cuentas. Los cambios de criterio son legítimos cuando responden a nuevas circunstancias o a una reflexión seria, pero solo fortalecen la confianza si se explican con claridad.

En tiempos de polarización resulta tentador dividir la realidad entre buenos y malos, patriotas y enemigos. Esa simplificación puede ser útil para la disputa política, pero empobrece el debate democrático. El país necesita menos consignas y más argumentos; menos descalificaciones y más evidencia; menos cálculo coyuntural y mayor compromiso con la verdad.

La confianza ciudadana no se recupera mediante estrategias de comunicación ni narrativas cuidadosamente diseñadas. Se construye con coherencia. La sociedad puede comprender los errores e incluso valorar una rectificación sincera, pero difícilmente acepta el cinismo o la inconsecuencia.

Al final, el tiempo se convierte en el juez más exigente de la vida pública. Los discursos pasan, las coyunturas cambian y las alianzas se transforman. Lo único que permanece es la huella de los actos. Y frente a ella, la memoria -aunque algunos insistan en subestimarla- termina siempre recordándonos que la verdadera autoridad moral no nace de lo que se dice, sino de la coherencia entre las palabras y los hechos. (O)