Del dicho al hecho 

Sinceramente, me conmueve el criterio cambiante de quienes, tras filosofar largamente, terminan concluyendo exactamente en la única verdad que ya habían asumido como punto de partida.

Podría parecer una cantinflada, pero no lo es. Es una filosofada: un ejercicio discursivo que pretende revestirse de mayor categoría y profundidad, aunque al final solo sirva para justificar lo que ya estaba decidido de antemano.

A la postre, el discurso termina diciendo: «Es lo mismo que sostuve hace tiempo y por lo que exigí que se investigue y se sancione». Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma persona o varias otras, sostienen que la medida adoptada fue exagerada y fuera de lugar… aunque continúan reclamando que se sancione.

Entonces surge la pregunta inevitable:

¿Qué se quiere realmente?

¿Que se sancione, pero sin sancionar? ¿Que se investigue, pero que las consecuencias no incomoden? ¿O simplemente preservar la coherencia del discurso, aun a costa de renunciar a la coherencia del razonamiento?

Como personas y como sociedad merecemos más respeto. Y, desde luego, no permitiremos que se subestime nuestra capacidad para comprender lo que se dice y lo que se hace. Entendemos los mensajes tal como son expresados. Por ello, intentar reinterpretarlos según la conveniencia o envolverlos en alegorías circunstanciales para justificar cambios de postura -como un corcho que flota al vaivén del agua- ya no resulta convincente.

La consistencia no se demuestra repitiendo una conclusión, sino siendo capaz de sostener, con el mismo rigor, las premisas que la justifican. Cuando las premisas cambian según la conveniencia, la filosofía deja de ser un ejercicio de reflexión y se convierte simplemente en un recurso retórico para defender aquello que ya se había decidido creer.

Cuando la justicia finalmente cumple su cometido, la sanción no constituye una extravagancia ni una maniobra caprichosa; es la consecuencia jurídica de un proceso sometido a la ley. Quien exige investigación y sanción debe estar dispuesto a aceptar sus resultados con la misma objetividad con la que los reclamó. De lo contrario, no se defiende la justicia: se defiende únicamente el desenlace que favorece las propias preferencias.

Pretender que dos o más suposiciones o mentiras lleguen a imponerse como una verdad deja mucho que desear. Los hechos determinan las consecuencias. No se trata de argumentar persecuciones ni de reinterpretar las acciones. Los tiempos de ejecución son los que corresponden: ni más ni menos.

Hagamos un esfuerzo colectivo para avanzar, procurando que nuestro juicio permanezca impoluto y ajustado a la verdad de los hechos. Si lo intentamos y alcanzamos resultados evidentes, tendremos a nuestro alcance, no solo la verdad, sino también la fortaleza de una democracia que no sucumba al anonimato ni a la imposición.

Nada de lo anterior supone negar la existencia de corruptelas en el sector. Todo lo contrario: constituye una advertencia para detectarlas oportunamente, combatirlas con firmeza y sancionarlas con estricto apego al debido proceso y a la ley.

Que las elecciones que se avecinan se ajusten, en la mayor medida posible, a los cánones, preceptos y principios por los que se rige la conducta de los hombres. (O)