De lo imposible a lo inaudito

En el Ecuador de hoy, “de lo imposible a lo inaudito” ya no es solo una frase de impacto. Es una manera bastante exacta de describir la velocidad con la que se están moviendo ciertas fronteras jurídicas, culturales y morales. 

La reciente decisión de la Corte Constitucional de permitir, por cinco votos contra cuatro que, menores de edad cambien la mención de género en sus documentos con acompañamiento de los representantes legales y valoraciones técnicas que acrediten “madurez suficiente” para una decisión libre e informada, confirma que el país ha entrado en una etapa en la que -lo que ayer parecía impensable- hoy empieza a ser presentado como perfectamente razonable.

Pero ese dato, aunque importante, no resuelve el debate de fondo. Apenas si lo desplaza. Porque la cuestión central no es si existe un filtro procedimental, sino si el Estado y el derecho deben permitir que una persona menor de edad modifique oficialmente un aspecto tan sensible de su identidad jurídica en una etapa todavía marcada por formación, vulnerabilidad y desarrollo.

Ese es el núcleo del problema. No estamos ante un simple trámite registral. Estamos ante una redefinición anticipada de los límites entre niñez, adolescencia, familia, autonomía y poder estatal. Y cuando una sociedad altera esos límites, no basta con invocar principios nobles ni fórmulas constitucionales elegantes. Hace falta algo más difícil y más escaso en estos tiempos: prudencia.

Hasta hace poco, la sola idea de que un menor pudiera cambiar oficialmente la mención de género en su documento de identidad habría provocado un debate nacional de enormes proporciones. Hoy, en cambio, asistimos a una transformación de gran calado presentada casi como una consecuencia natural del desarrollo de derechos. 

Ese tránsito no es menor. Es el paso exacto de lo imposible a lo inaudito que llega con lenguaje de garantías, con retórica de dignidad y con el prestigio de la “inequívoca jurisdicción constitucional”. Y quizá por eso mismo resulta más difícil de discutir. 

Quien plantea reservas corre el riesgo de ser etiquetado de inmediato como intolerante, retrógrado o enemigo de derechos. Pero una democracia sana no puede renunciar a la deliberación seria sobre decisiones que tocan, de manera tan profunda, la concepción de la infancia y la adolescencia.

Decir esto no equivale a negar el sufrimiento ni la realidad de quienes reclaman reconocimiento. Tampoco supone desconocer la necesidad de escuchar, proteger y acompañar. Significa, más bien, afirmar que cuando están de por medio menores de edad, la cautela no es una forma de odio, sino una obligación reforzada. No toda prevención es discriminación. No toda duda es fanatismo. No toda frontera es injusticia.

En el Ecuador, el problema es institucional. Cada vez y con mayor frecuencia, las grandes mutaciones sociales ya no pasan por una deliberación política amplia ni por consensos democráticos trabajados, sino por decisiones judiciales. 

La Corte no solo interpreta la Constitución; en los hechos, termina marcando el ritmo de cambios que afectan la estructura cultural del país. Y eso debería preocupar incluso a quienes aplauden el contenido de este fallo. Porque una cosa es tutelar derechos y otra muy distinta reemplazar, de forma sistemática, el debate social por la sentencia.

En una época que confunde con demasiada facilidad innovación con sabiduría, reconocimiento con precipitación y ampliación de derechos con ausencia de límites, la sociedad empieza a perder el sentido de proporción.  Porque una sociedad madura no elimina todas las fronteras, sabe cuáles debe revisar y cuáles debe preservar con especial cuidado.

Cuando se trata de menores, esa prudencia no es conservadurismo. Es responsabilidad. (O)