Verdad, justicia y reparación
El caso de los cuatro niños de Las Malvinas: Josué, Ismael, Steven y Nehemías impactó al Ecuador y dejó una herida penetrante en la conciencia nacional. La Corte Constitucional aclara, después de más de un año, lo que durante meses fue objeto de controversia pública: la desaparición fue forzada. El 8 de abril de 2024, en Guayaquil, patrullas militares privaron de su libertad a los menores de forma ilegal, ilegítima y arbitraria.
La verdad, en este caso, tiene un valor jurídico y, a la vez, desmantela una narrativa que se intentó instalar al inicio: que los adolescentes estaban cometiendo delitos. Esa versión nunca fue corroborada. Incluso si lo hubiera sido, lo correcto habría sido ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Nada puede considerarse justificativo para que menores de edad sean detenidos fuera de la ley y trasladados por agentes militares sin registro ni control. En un Estado de derecho, la seguridad no puede construirse a costa de la dignidad humana.
En cuanto a la justicia, un tribunal ecuatoriano sentenció a 11 miembros de la Fuerza Aérea a más de 34 años de prisión como responsables directos de la desaparición forzada. Otros cinco fueron condenados a 30 meses después de acogerse al sistema de cooperación eficaz, lo que facilitó la reconstrucción de lo sucedido. Las sentencias no devuelven las vidas perdidas, pero constituyen un paso necesario para confirmar que ninguna institución del Estado está por encima de la ley.
Adicionalmente, la misma corte dispuso medidas de reparación integral. Entre las acciones de cumplimiento obligatorio se encuentran el reconocimiento público de responsabilidad y las disculpas del Comandante General de la Fuerza Aérea; la incorporación del caso en el Museo de la Memoria; la recuperación de un espacio público para niñas, niños y adolescentes en Guayaquil y la declaración de un día de conmemoración nacional. Para evitar ambigüedades, incluso el texto de las disculpas fue redactado por los magistrados. No obstante, la reparación económica de 10 mil dólares por cada desaparecido resulta irrisoria frente a la magnitud del daño.
No existe dinero que devuelva la vida ni repare el dolor causado a las familias y a la sociedad. Más allá de las cifras, el Estado, el Gobierno y las Fuerzas Armadas deben asumir plenamente su responsabilidad. Solo así, este hecho desafortunado se convertirá en una lección para que nunca ocurra algo similar. (O)
