Hipocresía revolucionaria
En los últimos días, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) ha montado un escándalo monumental ante la suspensión temporal de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta medida, dictada el 6 de marzo de 2026 por el juez Joaquín Viteri a pedido de la Fiscalía en el marco del caso «Caja Chica» -una investigación por presunto lavado de activos ligado a financiamiento irregular de campañas-, les impide inscribir candidaturas para las elecciones seccionales de febrero de 2027. Líderes como Gabriela Rivadeneira y el expresidente Rafael Correa han calificado la decisión de «persecución política», «monstruosidad» y hasta «dictadura», anunciando recursos legales e internacionales para revertirla, insistiendo en que participarán de todos modos. Correa, desde su exilio, ha arremetido contra el gobierno de Daniel Noboa, acusándolo de «narco-dictadura» y de atentar contra la democracia. Pero esta indignación selectiva huele a hipocresía pura: cuando RC estuvo en el poder entre 2007 y 2017, no solo suspendió o disolvió movimientos opositores, sino que erosionó sistemáticamente la democracia ecuatoriana.
Recordemos los hechos íntegramente. Bajo el mandato de Correa y una Asamblea Nacional dominada por el partido de ese gobierno, el Código de la Democracia de 2009 elevó umbrales electorales draconianos, lo que llevó a la disolución de decenas de partidos y movimientos pequeños que no alcanzaron el mínimo de votos requerido. Esto afectó directamente a organizaciones indígenas como Pachakutik y a otros grupos opositores, reduciendo la pluralidad política y consolidando el dominio de Alianza PAIS (predecesor de RC. En 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo influencia correísta, eliminó del registro a varios partidos por no cumplir con firmas o resultados electorales, silenciando voces disidentes. ¿No era eso «proscripción política»?
Pero las afectaciones van más allá. La «Revolución Ciudadana» concentró poder en el Ejecutivo, subordinando el Legislativo y Judicial mediante reformas como la de 2011, que permitió al presidente “meter las manos en la justicia”, debilitando contrapesos institucionales. Esto facilitó la persecución de opositores: periodistas fueron enjuiciados, medios cerrados (como el caso de El Universo en 2011), y activistas indígenas y ambientales enfrentaron cargos por «terrorismo». Correa, que ahora clama por «estado de derecho», presidió un régimen calificado de autoritario.
Esta doble moral es flagrante. RC denuncia como «atropello» lo que practicó con saña: usar instituciones para neutralizar rivales y manipular procesos electorales. Si la suspensión actual es injusta, ¿por qué no reflexionan sobre su legado? En lugar de victimizarse, deberían reconocer que sembraron el viento y ahora cosechan la tormenta. La verdadera lección: la democracia no se defiende solo cuando conviene. Ecuador merece coherencia, no esta farsa de indignación selectiva.
