¿Para dónde soplan los vientos?

Columnistas, Opinión

“Cuando las cosas se ponen feas, es preciso seguir adelante sin parar”. La frase podría parecer un recurso de motivación. Sin embargo, encierra una verdad más exigente: los vientos no siempre soplan a favor. A veces golpean, desordenan y cambian el rumbo, pero no deciden nuestro destino; solo ponen a prueba la dirección que elegimos.

Por eso, avanzar, no significa no tener miedo. Significa caminar con él, confiar en que, aunque el viento empuje en contra, nuestras raíces pueden sostenernos. Y esas raíces -personales, sociales, institucionales- son valores, convicciones y sentido de propósito.

Hay momentos en la vida pública en que el panorama se oscurece de repente. La razón se escucha fragmentada y, en lugar de soluciones estructurales, se adoptan medidas parciales que producen una sensación incompleta de seguridad jurídica y lejos de disipar la incertidumbre, la amplifican. Entonces, sentimos que el viento nos supera.

En ese contexto adquiere especial relevancia el reciente dictamen de la Corte Constitucional que admite parcialmente la propuesta del presidente Noboa para que la Asamblea Nacional asuma facultades de designación hoy atribuidas al CPCCS. El pronunciamiento, aunque mantiene el artificio del concurso, no elimina ni traslada automáticamente competencias, pero habilita su trámite por la vía de enmienda constitucional.

No es un simple ajuste técnico. Está en juego el modelo de equilibrio entre representación política y participación ciudadana en la designación de autoridades de control. Es una discusión sobre arquitectura institucional y calidad democrática. El viento aquí no es solo político; es constitucional.

Y cuando la discusión interna sobre el diseño del poder coincide con movimientos geopolíticos en el hemisferio, el análisis ya no puede limitarse al plano doméstico. La reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos y líderes políticos de la derecha en América anticipa reacomodos y alineamientos que inevitablemente incidirán en la región. No es un episodio aislado, sino parte de un clima ideológico que redefine prioridades y alianzas.

Desde Ecuador, esa escena obliga a mirarnos en un espejo incómodo. En la última década hemos sido víctimas y testigos de un vendaval de denuncias, investigaciones, procesos inconclusos, indultos y sobreseimientos que han marcado la vida pública nacional. La pregunta no es si las realidades son idénticas al país vecino, sino si comparten patrones de desgaste institucional, polarización y judicialización de la política.

Se adicionan tensiones comerciales y decisiones arancelarias con Colombia. Urge mayores controles en zona de frontera y acciones urgentes para frenar la narcoviolencia, revisión de preferencias a ciertos productos e incertidumbre sobre eventuales ajustes tarifarios envían señales ambiguas a exportadores e inversionistas. Para unos, medidas necesarias para proteger intereses estratégicos; mientras otros advierten sus costos en competitividad y estabilidad. El viento económico tampoco sopla con suavidad, y su impacto se percibe en mercados, empleo y expectativas.

En medio de este escenario, los mensajes oficiales sobre la lucha contra mafias y crimen organizado adquieren un peso decisivo. Importan porque hablan de nuestra seguridad y porque ponen a prueba la diferencia entre un Estado que rinde cuentas y uno que convierte la acción pública en espectáculo. La firmeza contra el delito y el apoyo internacional no puede confundirse con atajos institucionales ni con narrativas que sustituyan resultados verificables.

Escuchar al gobierno no implica creer sin reservas. Exige tomar en serio lo que se dice en nuestro nombre, con recursos públicos y decisiones que afectan libertades y vidas. La democracia no se sostiene en aplausos ni en sospechas, sino en vigilancia crítica y responsabilidad compartida.

fLa firmeza no consiste en resistirse rígidamente al cambio, sino en saber quién se es mientras todo alrededor cambia. El rumbo lo fijamos nosotros, cada vez que elegimos entre indiferencia y compromiso cívico responsable. (O)

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