Cirugía del gasto público en GAD
El eje del debate público esta semana se ha centrado en la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los GAD. Sin embargo, para que esta norma no termine siendo «letra muerta», es imperativo analizar las estructuras que más gasto corriente devoran y menor impacto demuestran en el territorio. La sostenibilidad no puede ser selectiva; debe ser una cirugía integral al Estado.
Es momento de poner el dedo en la llaga: el sobredimensionamiento de las 824 juntas parroquiales. Con un ejército de 4,120 vocales que perciben remuneraciones sin cumplir, en muchos casos, ni media jornada laboral, el sistema prioriza la nómina sobre la obra. ¿Es sostenible mantener cinco vocales por parroquia cuando los proyectos tangibles son casi inexistentes? Un modelo de gestión austero —un representante con funciones claras y un secretario técnico— permitiría optimizar recursos que hoy se evaporan. El cálculo es demoledor: hablamos de un gasto de $3.46 millones mensuales, una carga anual de $41.5 millones en sueldos. Dinero que en manos de la burocracia se vuelve invisible, pero que en inversión real transformaría comunidades.
Pero la austeridad no debe detenerse ahí. En municipios grandes y prefecturas, donde ciertos directores perciben salarios cercanos a los $3,500, urge una reducción responsable a techos más coherentes, como $2,300. Esa diferencia, multiplicada por centenas de cargos, liberaría recursos vitales para vialidad, agua potable y desarrollo productivo.
El ejemplo, además, debe venir desde el Gobierno Central. Resulta ofensivo el gasto en publicidad oficial y bonos publicitarios mientras la salud y la seguridad claman por recursos. La austeridad empieza por casa. En la misma línea, la Asamblea Nacional requiere un límite estricto: un solo asesor por legislador. Reducir esta estructura sobredimensionada es el único camino para liberar presupuesto hacia la inversión social.
A esta obesidad burocrática se suman las ineficiencias estructurales:
Proyectos fantasmas: Plantas industriales y refinerías inauguradas sin terminar o que nunca operaron por fallas técnicas.
Duplicidad de funciones: Tres niveles de gobierno (Central, Prefecturas y GAD) gestionando cultura, recreación y deporte de forma aislada y redundante.
Publicidad como premio: Se debe prohibir la publicidad institucional en medios privados; para informar existen los medios públicos. El dinero del pueblo no puede usarse para «premiar» halagos o castigar críticas.
Según el BID, la región pierde hasta un 4.4% de su PIB en ineficiencias, alimentadas por sobreprecios en compras públicas y el mantenimiento de empresas estatales deficitarias que sobreviven mediante constantes inyecciones de capital. Si hablamos de eficiencia, que sea en todos los niveles. Menos burocracia, menos asesores de asesores y más resultados. La prosperidad del ciudadano no nacerá del engrosamiento del Estado, sino de la calidad de su inversión.
