Ecuador: Cuando el Gasto Público amenaza la Estabilidad Económica
Durante más de dos décadas, la economía ecuatoriana ha encontrado en la dolarización un ancla de estabilidad frente a crisis inflacionarias, devaluaciones y pérdida de confianza. Sin embargo, esa estabilidad no es automática ni eterna. Hoy, uno de los mayores riesgos que enfrenta el país no proviene del sistema monetario en sí, sino del creciente y persistente gasto público, que pone presión sobre las finanzas del Estado y compromete el futuro económico del Ecuador.
El gasto público ha sido históricamente utilizado como una herramienta política antes que como un instrumento técnico de desarrollo. Los diferentes Gobiernos de turno han optado por incrementar el tamaño del Estado, ampliar subsidios y aumentar la nómina pública sin que estos gastos estén respaldados por ingresos permanentes o mejoras sustanciales en productividad. El resultado es un déficit fiscal crónico que ha obligado al país a endeudarse constantemente para cubrir sus obligaciones.
En una economía dolarizada, este problema adquiere una dimensión aún más delicada. Ecuador no puede emitir su propia moneda para financiar déficits ni devaluar para recuperar competitividad. Cada dólar que sale del país para pagar deuda, importar combustibles subsidiados o cubrir gasto corriente es un dólar que no regresa fácilmente. Cuando el gasto público crece sin control, la dolarización deja de ser una fortaleza y se convierte en una camisa de fuerza.
Uno de los ejemplos más claros de esta distorsión es el sistema de subsidios a los combustibles. Aunque fueron creados con la intención de proteger a los sectores más vulnerables, en la práctica benefician de manera desproporcionada a quienes más consumen y generan un enorme costo fiscal. Mantenerlos intactos se ha vuelto políticamente conveniente, pero económicamente insostenible. Cada año, miles de millones de dólares se destinan a subsidios que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura productiva.
A esto se suma el crecimiento del gasto corriente, especialmente en salarios del sector público. Un Estado sobredimensionado no solo es caro, sino ineficiente cuando no va acompañado de una mejora en la calidad de los servicios. El problema no es que el Estado gaste, sino cómo y en qué gasta. Financiar burocracia improductiva no genera crecimiento, no atrae inversión y no mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
La consecuencia directa de este modelo es una dependencia constante del endeudamiento externo. Ecuador recurre de forma recurrente a organismos multilaterales y mercados internacionales para cubrir sus desequilibrios fiscales. Si bien estos créditos ofrecen alivio temporal, también imponen condiciones y reducen el margen de maniobra del país. Vivir endeudado no es una estrategia de desarrollo; es una señal de que las cuentas no están bien hechas.
Defender la estabilidad económica del Ecuador no implica cuestionar la dolarización, sino asumir con responsabilidad las reglas que esta impone. Hemos dicho en esta misma tribuna que nuestro país dolarizado requiere disciplina fiscal, planificación de largo plazo y decisiones políticas valientes, incluso cuando son impopulares. Sin reformas estructurales que ordenen el gasto público, cualquier modelo económico está condenado al desgaste.
El debate que Ecuador necesita no es si gastar más o menos, sino gastar mejor. Priorizar inversión sobre consumo, focalizar subsidios, evaluar el tamaño y eficiencia del Estado y fomentar el crecimiento del sector productivo son pasos urgentes. La estabilidad económica no se defiende con discursos, sino con decisiones coherentes.
Si el gasto público continúa creciendo sin control, el riesgo no será solo financiero, sino social. La historia económica del país demuestra que las crisis siempre terminan afectando a los más vulnerables. Por eso, más que nunca, Ecuador debe entender que la estabilidad no se improvisa: se construye con responsabilidad, transparencia y visión de futuro. (O)
