ANT en jaque / Editorial

El denominado caso Jaque dejó al desnudo un mal que ya no admite eufemismos: la corrupción campea en buena parte de las agencias de tránsito del Ecuador. No se trata de hechos aislados, sino de un sistema que durante años convirtió el servicio público en una suerte de sobornos.

Lo que más estremece a la ciudadanía es la alarmante facilidad con la que se obtenían licencias de conducir, así como la ligereza con la que podían desaparecer multas y puntos perdidos por infracciones. Esa permisividad ofrece una explicación para entender la elevada siniestralidad vial que golpea al país. 

El ministro del Interior ha reconocido la existencia de mafias que operaban con impunidad en varios GAD municipales. La respuesta oficial ha sido drástica: la suspensión a nivel nacional de todas las actividades bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

No menos grave es la corrupción en los procesos de matriculación y traspaso de vehículos. Allí, el daño no solo es administrativo: se deja una estela de inseguridad jurídica sobre la propiedad de los automotores, minando la confianza en el ente regulador y abriendo la puerta a conflictos legales interminables.

El ministro Reimberg ha señalado que un mes sería suficiente para sanear la corrupción detectada. Ojalá sea así. Mientras tanto, la ciudadanía honesta —la que respeta las normas— deberá soportar la paralización de trámites.  (O)