Ant Dicotomía del gobierno
La noticia de la intervención masiva en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en el denominado Caso Jaque, ha conmocionado a la ciudadanía tras varios escándalos de corrupción.
La orden de Fiscalía en coordinación con el Ministerio del Interior, que incluyó alrededor de 23 allanamientos y la suspensión de actividades de la entidad por al menos un mes, responde a la presunta desviación de 3 millones de dólares mediante licencias fraudulentas.
El modus operandi revelado es clásico: el uso de la función pública para tejer redes de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la pregunta incómoda que la ciudadanía, y en especial quienes ejercemos el derecho, debemos formularnos es: ¿cómo es posible que estas estructuras delictivas se consoliden con tanta facilidad dentro de instituciones del Estado?.
El “acierto” del gobierno, aunque forzado por las circunstancias, es la intervención inmediata. Una medida drástica, pero necesaria ante la evidencia de actos de corrupción. La suspensión de actividades y la investigación profunda son pasos obligados para intentar sanear un organismo clave para la seguridad vial y la administración pública.
Pero este acierto palidece frente al “desacierto” histórico y monumental: haber permitido que la ANT, y tantas otras entidades del Estado, alcanzaran este punto de putrefacción institucional.
La investigación del Caso Jaque no debe convertirse en un circo mediático que culmine con unos pocos responsables menores sacrificados para apaciguar la opinión pública. Debe ser, por el contrario, un proceso genuino, integral de depuración en todo el aparato estatal.
Cómo experta en derechos humanos, mi principal preocupación es ¿Cuántas licencias de conducir se habrán expedido fraudulentamente a personas no calificadas? Cada una de ellas representa un peligro potencial para la integridad física y la vida de todos los ciudadanos que transitan por las vías. La corrupción, en este contexto, se traduce directamente en una violación del derecho a la seguridad personal, es un atentado a la vida de cada ciudadano. ¿Cuántas compañías de transporte en sus diversas modalidades en varias provincias están operando con permisos y habilitaciones fraudulentas?, es decir, compañías que no cumplen con los estándares mínimos transportando vidas día a día.
Cada ciudadano es el vigilante en este tipo de procesos. Nuestro derecho a una administración pública honesta y eficiente, consagrado en la Constitución, está en juego. El costo de la inacción es, literalmente, incalculable en vidas, recursos y esperanza. Que el Caso Jaque no sea solo otro capítulo en la crónica de la impunidad, sino el inicio de un verdadero punto de inflexión y cambios estructurales en todos los niveles jerárquicos de la ANT a nivel nacional. (O)
