“Inquilinos” aprovechan la oportunidad
La migración del delito hacia sectores periféricos y zonas rurales del cantón Ambato y provincia, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades y de la ciudadanía.
En los últimos meses, hechos delictivos e incluso violentos que antes se concentraban en áreas urbanas específicas han comenzado a registrarse en comunidades alejadas del centro de la ciudad, generando temor e incertidumbre entre los habitantes.
De acuerdo con reportes policiales, barrios periféricos, parroquias rurales y sectores que históricamente se consideraban tranquilos hoy enfrentan robos, extorsiones e incluso muertes violentas, lo que evidencia un desplazamiento de las estructuras criminales hacia zonas rurales.
Advertencia policial
Frente a este escenario, Jimmy Viteri, jefe de la Subzona de Policía Tungurahua, ha señalado que uno de los factores que incide directamente en este fenómeno es la falta de control en el arrendamiento de viviendas.
Según explicó, muchas personas propietarias de inmuebles alquilan sus casas o departamentos sin verificar adecuadamente a quiénes entregan sus bienes, permitiendo que individuos de dudosa procedencia se asienten en sectores residenciales y rurales.
“El problema no solo es policial, también es social. Hay personas que arriendan sin conocer a quién le están abriendo la puerta de su barrio o de su comunidad. Eso facilita que el delito se instale”, expresó.
Viteri, recalcó la importancia de que los arrendadores verifiquen los antecedentes judiciales, soliciten documentación y conozcan el historial de quienes llegan a vivir en sus propiedades.
A su criterio, esta práctica preventiva puede reducir significativamente el riesgo de que los sectores se conviertan en focos de inseguridad.
Riesgos para propietarios y vecinos
Las autoridades advierten que la falta de control no solo expone a los barrios, sino también a los propios propietarios.
En varios casos registrados a nivel provincial, personas que alquilaron sus inmuebles terminaron siendo víctimas de amenazas, extorsiones o hechos violentos, algunos con consecuencias fatales.
“La gente debe entender que no se trata solo de cobrar un arriendo. Está en juego la seguridad personal, familiar y comunitaria. Existen antecedentes en los que, por no tomar precauciones, los propietarios han sido extorsionados e incluso asesinados”, enfatizó la autoridad policial.
Este panorama ha generado preocupación entre moradores de sectores rurales, quienes señalan que el crecimiento acelerado de viviendas arrendadas, sin controles claros, ha cambiado la dinámica de convivencia y ha debilitado los lazos comunitarios que antes servían como un mecanismo natural de vigilancia.
“Hemos pedido a los propietarios de viviendas que investiguen a quienes arriendan, ya que el temor es latente, sobre todo por los jóvenes que existen en la parroquia, mismos que han sido incitados a vender sustancias o a delinquir”, dijo, Miguel Poveda, morador de Izamba.
Ante ello, la gobernadora de Tungurahua, Daniela Llerena, señaló que los operativos de seguridad se refuerzan cada vez, especialmente en espacios donde se han registrado hechos violentos.
Desde la Policía Nacional se ha reiterado que se mantienen operativos preventivos, patrullajes focalizados e investigaciones para contrarrestar la expansión del delito hacia estas zonas.
El llamado es claro: denunciar cualquier actividad sospechosa, evitar el silencio por miedo y utilizar los canales oficiales como el ECU-911.
Asimismo, se exhortó a juntas barriales y comunidades rurales a organizarse, fortalecer la comunicación con la Policía Comunitaria y promover una cultura de prevención.
La migración del delito representa un desafío complejo para Ambato y Tungurahua, ya que obliga a replantear estrategias de seguridad más allá de los centros urbanos. Mientras las autoridades refuerzan su presencia, el mensaje a la ciudadanía es contundente: la prevención comienza desde casa, con decisiones responsables que pueden marcar la diferencia entre la tranquilidad y el riesgo. (I)
