Sin probidad, pero con poder

En el Ecuador de hoy, la probidad dejó de ser un requisito y pasó a ser un adorno retórico. Un valor bonito para los discursos, incómodo para la práctica y completamente prescindible para mantenerse en el cargo. Porque aquí, cuando la ética se pierde, el poder, curiosamente, se aferra con más fuerza.

Los funcionarios cuestionados no se van. Se atornillan. Se blindan. Se justifican: Mario Godoy, José Suing, los del caso Proden, Gian Carlo Loffredo. Descubrieron que la dignidad no es causal de destitución y que la vergüenza no figura en ningún reglamento administrativo. Mientras más grave el cuestionamiento, más férrea la permanencia. No es resistencia institucional: es apego patológico al sillón.

El libreto se repite. Primero, la denuncia. Luego, el silencio estratégico. Después, la victimización. Finalmente, la normalización. Todo acompañado del lema moderno: “no hay sentencia”, como si la ética necesitara permiso judicial para existir. La presunción de inocencia, principio jurídico indispensable, se ha convertido en coartada moral para la impunidad política.

Estos funcionarios no gobiernan: resisten. No lideran: se defienden. No rinden cuentas: administran excusas. Confunden estabilidad institucional con inmovilidad personal y creen que renunciar es un acto de debilidad, cuando en realidad es un gesto de decencia. Su lógica es simple: mientras no haya una orden judicial explícita, todo es negociable, incluso la reputación del cargo que ocupan.

Y lo más grave no es que se aferren al poder, sino que el sistema se los permita, que el entorno los justifique y que parte de la sociedad ya ni se escandalice. La degradación ética se volvió paisaje. El cinismo, política pública. La indignación ciudadana, una molestia pasajera en la agenda. Hemos llegado al punto en que el cuestionado se indigna por ser cuestionado y exige respeto que no se ha ganado.

Pero no, no son extraterrestres. Son el reflejo de una cultura política que tolera lo intolerable mientras no afecte el metro cuadrado propio. Son hijos de una institucionalidad que castiga al honesto por ingenuo y premia al cuestionado por “astuto”. Un país donde la probidad es vista como obstáculo y la sospecha como acompañante natural del poder.

Así, el país avanza, o retrocede, con funcionarios sin probidad, pero con poder. Y mientras el cargo siga siendo más importante que la conciencia, la pregunta no es por qué no se van, sino qué nos dice eso de todos nosotros. (O)