Del quirófano a la Asamblea
La reciente decisión del Ministerio de Salud de Argentina de invalidar los resultados del examen de ingreso a residencias médicas, tras descubrir un sofisticado fraude orquestado por un médico extranjero mediante el uso de una cámara oculta en unos lentes, ha dejado al descubierto un problema profundo: el intento de burlar el sistema a través de la trampa, poniendo en riesgo no solo la equidad del proceso, sino también la vida de los futuros pacientes.
Las cifras son elocuentes: de los 141 convocados a rendir nuevamente el examen, 117 obtuvieron calificaciones considerablemente más bajas, y 24 ni siquiera se presentaron. Es decir, ninguno pudo validar su desempeño anterior, evidenciando que el fraude no solo existió, sino que alteró por completo el orden de mérito.
Esta medida permitió corregir una injusticia flagrante: evitar que 141 ocuparan lugares que no les correspondían por mérito, sino por trampa. La afirmación del ministro argentino es contundente y acertada: defender el mérito es garantizar calidad médica. Porque detrás de cada bata blanca, hay vidas en juego. Porque la salud no puede ser campo de ensayo de la improvisación ni de la mentira.
Lamentablemente, en mi país, el fraude y la deshonestidad no son una excepción, sino una constante. Se ha convertido en una cultura arraigada, desde lo académico hasta lo político. Y no hablamos solo de copias en los exámenes. Hablamos de trampas para inscribir candidatos que no cumplen requisitos, campañas anticipadas que violan la ley electoral con total impunidad, nepotismo en la Asamblea Nacional donde se designan asesores y funcionarios por apellido, no por capacidad. Hablamos de nombramientos dirigidos en el sector público, donde la hoja de vida pesa menos que el compadrazgo o la lealtad política.
Lo que está en juego no es solo la moral pública: es la calidad de los servicios, la eficiencia del Estado y la confianza ciudadana. Si un médico accede a una residencia por fraude, un paciente pagará las consecuencias. Si un legislador llega por trampa, las leyes serán mediocres. Si un funcionario público ocupa un cargo por favores, el país retrocede.
Por eso, el caso argentino debe servirnos de espejo. No para señalar con dedo ajeno, sino para mirarnos a nosotros mismos. Es urgente reivindicar el valor del mérito, el esfuerzo y la preparación real. No se puede seguir tolerando la mediocridad premiada y la trampa sistematizada.
La salud, la educación, la justicia y la política requieren personas capaces, éticas y comprometidas. Ecuador no puede seguir normalizando la corrupción como si fuera parte del paisaje. Necesitamos una reforma ética y cultural que comience por reconocer que el mérito no es una barrera: es una garantía de calidad, de justicia y de futuro. (O)
