Que prevalezca la razón / Editorial

La semana que termina estuvo marcada por un hecho inusual: una marcha organizada por el Gobierno frente a la Corte Constitucional, en protesta por la decisión del organismo de suspender temporalmente los efectos de diecisiete artículos contenidos en las leyes económicas urgentes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad. Estas normas, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional a pedido del Presidente de la República, han sido cuestionadas desde diversos sectores por su forma de tramitación y por posibles vicios de inconstitucionalidad.

No se trata de una simple disputa jurídica. Estamos ante una tensión institucional que pone a prueba los pilares de la democracia. La Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, tiene la facultad —y el deber— de revisar si las leyes cumplen con los principios y procedimientos que exige el Estado de derecho. Cuestionar sus decisiones mediante mecanismos de presión política, más aún desde otra función del Estado, representa una distorsión del equilibrio democrático.

Varios  expertos constitucionalistas ya habían advertido que las tres leyes presentaban algunas falencias de forma y fondo. Ignorar esas advertencias y optar por la confrontación directa con la Corte no solo erosiona la institucionalidad, sino que alimenta la polarización y el descrédito en las reglas del juego democrático.

Comprendemos la urgencia del Gobierno por implementar herramientas para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado y otros flagelos que amenazan al país. Pero la legitimidad de esos esfuerzos no puede sostenerse en la presión ni en la fuerza. En democracia, las instituciones deben actuar dentro del marco constitucional. 

Como medio de comunicación, hacemos un llamado a la sensatez. El camino no es la confrontación, sino el diálogo. (O)