Autoidentificación étnica en la cédula
En abril, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, bajo la dirección de la abogada Julia Angulo, en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones y el Registro Civil, impulsó una medida que marca un precedente histórico: la inclusión de un campo de autoidentificación étnica en la cédula de identidad.
Este cambio no debe entenderse únicamente como una modificación técnica o administrativa. Se trata, en realidad, de un acto profundo de reconocimiento, dignidad y reparación histórica. Por primera vez, el Estado ecuatoriano incorpora oficialmente en su documento de identificación la posibilidad de que las personas se autoidentifiquen como afrodescendientes, montubios, mestizos o indígenas, lo cual tiene implicaciones sustanciales en el ámbito de los derechos colectivos, la visibilidad estadística y el diseño de políticas públicas inclusivas.
Durante décadas, Ecuador no ha logrado reconocer ni reflejar con precisión su diversidad étnica y cultural en sus instrumentos oficiales. Esta omisión ha sido una de las causas estructurales de la exclusión y la desigualdad que enfrentan los pueblos y nacionalidades del país. La incorporación de la autoidentificación en la cédula representa una oportunidad para revertir esa tendencia, siempre que venga acompañada de voluntad política, recursos públicos adecuados y participación activa de las comunidades.
Uno de los beneficios más urgentes de esta medida es visibilizar poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas, especialmente el pueblo afroecuatoriano. Según el último Censo de Población y Vivienda de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó una disminución drástica de la población afrodescendiente, pasando del 7,2% en 2010 a apenas 4,7% en 2022. Esta reducción ha sido cuestionada por líderes y organizaciones del movimiento afroecuatoriano, quienes han denunciado un ejercicio de “necropolítica censal” que borra, una vez más, la existencia de sus comunidades del mapa estadístico nacional. La autoidentificación en la cédula permitirá contrastar y corregir esos datos, aportando una herramienta concreta para exigir derechos, presupuestos y representación.
Con información más precisa, el Estado podrá desarrollar políticas públicas específicas y eficaces en sectores clave como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura y la justicia. Los pueblos y nacionalidades podrían acceder con mayor claridad a derechos colectivos como: tierras comunales, educación intercultural y participación política con representación propia. Además, incluir la identidad étnica en documentos oficiales refuerza el mensaje de que la diversidad no es marginal, sino constitutiva del Estado. La lucha contra el racismo estructural y la discriminación cotidiana se fortalece cuando hay datos, reconocimiento y visibilidad.
La autoidentificación es, por principio, voluntaria. Pero para que este proceso tenga el alcance esperado, es clave el compromiso de las organizaciones sociales, los gobiernos locales y la ciudadanía en general para difundir, explicar y promover esta opción con orgullo y claridad. Debemos entender que esta medida no otorga privilegios, sino que apunta a revertir desigualdades históricas, democratizar el acceso a los recursos públicos y asegurar una representación real en las decisiones del país. (O)
