Ciudadela Ferroviaria pide respeto a derechos históricos
Una compleja situación legal y social mantiene en tensión a los moradores de la Ciudadela Ferroviaria. Francis Jiménez, presidente del Comité Pro-Mejoras, expresó su preocupación ante la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades municipales, respecto a un predio donado en 1956 por la familia Albornoz con fines estrictamente comunitarios y religiosos.
Según explicó, la escritura madre del terreno establecía dos condiciones fundamentales: que en un plazo de dos años se construyera un centro católico y que su uso fuera exclusivo para los vecinos de la ciudadela. Sin embargo, decisiones administrativas tomadas en años recientes habrían vulnerado estos compromisos.
“En 2025 se emitieron resoluciones administrativas que permitieron la unificación y partición del lote, quitando la exclusividad a los vecinos. Se otorgaron escrituras públicas a nombre de la Municipalidad de Ambato y de la Curia, lo cual contradice el espíritu original de la donación”, señaló Jiménez.
Ante esta situación, la directiva del barrio ha presentado documentos a la Municipalidad, alcaldía y al Concejo Municipal, sin obtener respuestas concretas. Incluso, en una audiencia judicial, el juez se declaró incompetente para tratar el amparo constitucional solicitado. “Si no se da una solución, apelaremos el amparo y, si es necesario, acudiremos a la Corte Constitucional”, afirmó.
Además, se denunció que el lote original de 907 m² fue reducido a 633 m², dividiéndose en partes: 333 m² a favor del Municipio y 277 m² también escriturados a la Municipalidad, a pesar de que esa sede se encuentra sobre un lote donado por las hermanas Robayo a la Curia, lo que agrava las irregularidades detectadas.
Carlos Ibarra, alcalde subrogante de Ambato, reconoció la preocupación ciudadana. Señaló que la administración anterior incorporó misteriosamente un terreno de Pishilata para completar la superficie total, sin una explicación clara. Afirmó que el predio fue entregado en comodato a la Curia, y luego revertido por incumplimiento del fin social.
“La ciudadanía reclama que el Municipio devuelva el terreno a sus propietarios originales. Estamos dispuestos a establecer mesas de trabajo técnicas y jurídicas que permitan resolver el conflicto conforme a derecho. Si no se alcanza una solución, se acudirán a instancias superiores como la Procuraduría General del Estado”, puntualizó Ibarra.
La comunidad de la Ciudadela Ferroviaria insiste en un convenio tripartito entre Municipio, Curia y vecinos, que garantice un uso social y equitativo del terreno, respetando la historia y la voluntad de los donantes originales.(I)
