La Ley Económica Urgente y las trampas ecológicas que implica
El Ecuador tiene la Constitución del 2008 en la cual por primera vez, a nivel mundial, se reconoce derechos a la Naturaleza; esta es una poderosa arma biocentrista, que concibe la posible efectividad del Desarollo Sostenible en nuestros territorios, Desarrollo que es aquel que cubre las necesidades de las generaciones presentes, sin afectar o comprometer las necesidades de las generaciones futuras, concepto creado en 1987 por una gran mujer llamada Gro Harlem Brundtland, quien concebia, ya desde aquella época, la importancia de frenar conscientemente el “avance” de las sociedades, que a nivel mundial consideraban, que tenían derecho a exterminar todos los recursos naturales disponibles en el presente, sin nisiquiera pensar en el futuro.
El Gobierno actual ha presentado en el último mes, varios proyectos de Ley, a la Asamblea Constituyente; proyectos calificados como “urgentes en materia económica”, sin embargo, lo que llama absolutamente la atención de toda la ciudadanía, es que no necesariamente son proyectos relacionados con materia económica.
Triste verificar que este tipo de procesos limitan el debate público y bloquean la participación ciudadana activa, porque obligan a la Asamblea a aprobarlos.
La ley económica urgente para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se presenta como un proyecto que supuestamente fortalece dicho Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de nuestro país, el SNAP esta lleno de áreas naturales que son espacios sagrados para la conservación ambiental y el Desarrollo Sostenible, pero en realidad lo que promueve esta Ley, frente a la indiferencia impávida de la sociedad, es muy preocupantemente la mercantilización de la Naturaleza.
Lo que nuestras Áreas Protegidas usualmente necesitan es control y gestión permanente por parte del Estado, pero esta Ley, muy lejos de apoyar la conservación de las mismas, promueve la posibilidad de “entregar territorios estratégicos con altísima biodiversidad a intereses privados” permitiendo que el Estado se “desvincule” de su “deber constitucional” de proteger estos valiosos espacios que pertenecen al pueblo.
¿Qué hacer con los pueblos en aislamiento voluntario que seguro se verán afectados directa y permanentemente con estas decisiones? ¿Qué hacer con una Ley inconstitucional que pone en manos del “operador de las Áreas Protegidas” la potestad de decidir si la opinión de las comunidades, sobre su territorio es justificada o no? ¿Qué hacer con un Ley inconstitucional que no propone ningún mecanismo especializado de control sobre posibles daños o afectaciones graves y serias tanto a las comunidades como a la Naturaleza a mediano y largo plazo? ¿Qué hacer con una Ley inconstitucional que abre la puerta a la mitilitarización de las bellas Áreas Protegidas, que pueden terminar implicando desplazamientos forzados, posible criminalización de poblaciones locales, corrupción permanente y mucha más violencia? ¿Qué hacer como pueblo organizado, despierto y pensante que se da cuenta que la soberanía y el poder está verdaderamente en nuestras propias manos?
Esperar e incidir socialmente para que nuestro Gobierno de turno no pretenda legalizar una Ley que NO es una herramienta de conservación ambiental, ya que esta Ley presentada amenaza de forma directa la Biodiversidad, la autonomía, los derechos colectivos y la gestión democrática de los territorios, que al fin y al cabo les pertenecen al pueblo y el pueblo no va a permitir que este atropello se concrete. (O)
