Procurador aclaró pedido de Comisión General
El Procurador Síndico del Municipio, Mario Aguilar, habló sobre el pedido realizado en el pleno del Concejo Municipal de recibir en Comisión General a un empresario que participa en un proceso de contratación pública que lleva el GADMA por más de 400 mil dólares en el Sercop, dijo que su trabajo se enfoca en tres frentes: Litigios, expropiaciones y asesoría legal.
Con este contexto señaló que los concejales si pueden fiscalizar, pero el artículo 328 del Cootad establece una prohibición al Concejo de intervenir en los actos administrativos del Municipio. El artículo 424 y 425 de la Constitución establece una jerarquía de la norma y el artículo 226, que los funcionarios públicos y las entidades públicas pueden hacer solo lo que establece la Constitución.
En el orden del día de la sesión del martes 3, se pidió una Comisión General, el artículo 31 de la Ordenanza establece que se debe cumplir ciertos requisitos, sino se atendió el trámite administrativo podían solicitar la Comisión General para tratar los puntos establecidos, pero el tema estaba prohibido a ser tratado como lo establece la Constitución. Hay una entidad encargada de controlar las compras públicas como el Sercop, allí pueden exponer si no están de acuerdo con la calificación y resultado del contrato pueden impugnar para recibir una respuesta en el tiempo previsto. Hay que separar, una cosa es la Comisión general, otra la fiscalización, sostuvo.
Añadió que el Concejo debió esperar que haya un resultado del concurso para la adjudicación e iniciar el proceso de fiscalización solicitando la información respectiva. El Cootad establece únicamente que los concejales tienen la facultad de fiscalizar y legislar.
Por otra parte, rechazó enfáticamente las denuncias ‘falsas’ que se han presentado en contra de funcionarios municipales y la alcaldesa Diana Caiza. “Rechazamos la usurpación de identidades de ciudadanos ambateños para presentar denuncias en la Municipalidad, Ministerio del Trabajo y Fiscalía. Todas las denuncias están siendo atendidas y rechazadas porque el denunciante nunca aparece a reconocer la firma y rubrica, las denuncias se archivan. Solicitamos a las autoridades que las denuncias se declaren temerarias y maliciosas, que se sanciona con la pena privativa de libertad de 6 meses a un año”, indicó. (I)
