Reforma laboral y ley de protección centran las reformas

Nacionales
El ministro de Finanzas, Richard Martínez (i), conversa con el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Ivan Ontaneda (d), a su salida de una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. (Foto EFE)

Quito, (EFE).- Los ministros del área económica de Ecuador hicieron pedagogía del paquete de medidas anunciado en la víspera por el presidente, Lenín Moreno, entre las que destacan una reforma laboral y una propuesta para proteger la dolarización.

«Vamos a enviar un conjunto de leyes, entre otras, una que va a proteger la dolarización, y otra que incluye una reforma laboral que beneficiará a los trabajadores y empleadores», subrayó ayer el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

Entre las medidas más urgentes y que entrarán en vigor a partir del jueves está la de la eliminación de los subsidios a la gasolina, que según especificó Roldán, en 40 años ese rubro ascendió a más de 60.000 millones de dólares, lo que calificó de «distorsión».

Y avanzó que con la decisión el país contará cada año con al menos 1.400 millones de dólares que se destinarán a vivienda, educación, salud y las personas más necesitadas.

En paralelo, especificó que el Gobierno durante tres años recaudará de las empresas con mayores beneficios un 0,1 por ciento a fin de financiar la seguridad.

Pero, sin duda, las medidas que más ampollas y suspicacias han despertado son las del ámbito laboral, entre las que figura la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, o la aportación de estos de un día de salario al año.

Moreno argumentó la decisión en que «su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública».

En ese sentido, el titular de Finanzas, Richard Martínez, explicó ayer que «en el tema de la masa salarial, la reducción del período de vacaciones no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos».

Precisó que las medidas incluyen asimismo la reducción del salario máximo en contratos ocasionales, de nombramiento o provisionales en el sector público, lo que otorgará al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial.

Mencionó la existencia de un cronograma de desvinculaciones (despidos) que el Gobierno pretende acometer el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales, a la que sumó la contribución de la jornada salarial de los empleados de empresas estatales (I)

Deja una respuesta