Inseguridad y tenencia de armas / Juan Diego Valdivieso

Columnistas, Opinión

Ante el frustrado robo de película que pudo haber sido perpetrado por antisociales el domingo 28 de febrero en Ambato, cabe preguntarse qué hubiese ocurrido con las víctimas si la Policía no actuaba a tiempo.

Un total de 20 delincuentes fueron detenidos en delito flagrante. Es escalofriante ya que actuaron en dos viviendas y maniataron a seis personas a las 03:30 de la madrugada. Los malhechores estaban disfrazados como futbolistas del equipo ficticio “Club El Cartel”. Llevaban puesta una camiseta de rayas negras y amarillas, con pantalonetas y pelotas de fútbol para simular una escena en caso de que la Policía Nacional los detuviera en un control vehicular.

Tenían “patas de cabra” para forzar las puertas, así como inhibidores de señal para que las víctimas no pudieran llamar a la policía. Asimismo, tenían tres revólveres calibre 38, dos pistolas calibre nueve milímetros y una subametralladora industrial, además de 33 municiones y tres alimentadoras.

Si la Policía Judicial no estaba tras la pista de este “equipo de fútbol” delictivo y los vecinos no llamaban al ECU 911, el desenlace sería otro. La interrogante es ¿Por qué los delincuentes sí pueden tener armamento ilegal de grueso calibre y las víctimas civiles indefensas no?

Una posible solución disuasiva es el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, presentado por el asambleísta por Tungurahua por La 6 – Tiempo de Cambio, Esteban Torres. “Mi proyecto es un compromiso con la seguridad para que ninguna autoridad vuelva a desarmar a la población”, señaló Torres el 3 de diciembre de 2020, cuando presentó esta propuesta ante la Asamblea Nacional.

El derecho a tener y portar armas con autorización está consagrado desde 1980, hace 40 años, en la Ley de Armas. Las Constituciones de 1979, 1998 y 2008 lo han reconocido implícitamente.

Sin embargo, en 2009 la situación cambió cuando se suspendieron definitivamente los permisos de tenencia y porte. Es así como la ciudadanía quedó desarmada y la delincuencia bien armada. Se calcula que entre 350.000 a 400.000 armas no están regularizadas en Ecuador. 150.000 armas están registradas, de las cuales la mayoría no se pueden utilizar por falta de permisos.

La reforma exige que quienes tengan armas cumplan con rigurosos requisitos, entre ellos un certificado de aptitud psicológica, no tener antecedentes penales y ser capaces de manejar bien las armas, entre otros.

Esta propuesta debe ser analizada a fondo ya que, si los ciudadanos pueden portar armas y ser utilizadas en su defensa, los delincuentes pensarán dos veces antes de atacar. Sin embargo, no hay que olvidar que esta es apenas una porción del trabajo integral de inclusión social y oportunidades laborales que la sociedad y el Estado deben brindar para disminuir los índices delictivos. Hasta alcanzar ese nivel deseable de sociedad, se puede impulsar esta reforma. (O)

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