Destribuir en lugar de construir / Gabriel Morales Villagómez

Columnistas, Opinión

 

Uno de los que fuera el colegio municipal más emblemático y prestigioso de Quito y del país se encuentra intervenido académica y administrativamente por el Ministerio de Educación, según manifiestan, para proteger los derechos de los estudiantes, por denuncias que habrían existido por vulneración de derechos, además de un mal manejo administrativo. Las denuncias se referirían a un comportamiento irregular de estudiantes y docentes.

Personeros del Ministerio de Educación han señalado que es necesario vigilar los procesos pedagógicos y conductuales en la institución, “por un deterioro de la calidad en los servicios educativos y la indolencia, ante las denuncias de vulneración de derechos, por parte de las autoridades del plantel”.

En el año 2005, antes de que la “revolución ciudadana” asuma el gobierno central y municipal, el colegio estuvo regentado y de excelente manera, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para entonces los estudiantes ingresaban luego de un riguroso examen de admisión, lo que permitía que accedan al colegio los estudiantes más destacados, abanderados, escoltas, buenos deportistas. Por tanto quienes querían obtener un cupo en dicho colegio debían esforzarse y prepararse intelectual y académicamente, por lo menos con dos años de anticipación para rendir las pruebas de ingreso. Anualmente se inscribían un promedio de mil quinientos estudiantes para optar por sólo 160 cupos.

Lo que más atraía del colegio era el Bachillerato Internacional, el mismo que, incluso era reconocido entre los mejores de del continente, por la Organización de Estado Iberoamericano (OBI).

Ya para acceder a las universidades del país, los estudiantes de este plantel eran los más reconocidos y por su excelencia académica accedían al mayor número de becas.

El colegio contaba con piscina, canchas deportivas, laboratorios y cofinanciaba sus servicios y la contratación de profesores, con las contribuciones económica de los padres de familia.

Con la llegada de la “revolución ciudadana” y la posterior expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se malogró el sistema educativo en este colegio Municipal.

El alcalde, perteneciente a “Alianza País”, politizó la administración del Colegio y además, bajo el principio de que la educación es gratuita prohibieron el cobro de contribuciones, esto significó el despido de profesores contratados para reforzar el aprendizaje y el dejar de contar con algunos servicios.

Luego, en nombre de la “no discriminación” se prohibieron los exámenes de admisión por méritos académicos y se reguló para que los estudiantes ingresen por sorteo y zonificación.

Lo convirtieron en unidad educativa y muchos laboratorios, salas de idiomas y centros de cómputo los adaptaron para poder contar con la infraestructura necesaria y recibir a los niños de inicial.

Ante la presión y maltrato ejercido por las autoridades de educación para que los maestros cumplan un determinado número de horas de permanencia en el colegio, maestros de mucha experiencia renunciaron y fueron reemplazados por profesores que de alguna manera estaban alineados con el gobierno.

Según los interventores sólo entre el 2015 y 2018 han pasado cinco rectores, cuatro vicerrectores y siete inspectores generales encargados.

La Institución, antes una de las mejores del país, ahora se encuentra intervenida y paradójicamente por “baja calidad educativa” inestabilidad pedagógica, administrativa y de gestión, incluso estaría a punto de perder el bachillerato internacional.

Esta es una muestra palpable de lo que hace el socialismo, que en lugar de construir y edificar, destruye y malogra, tal cual ha sucedido con Cuba, Venezuela y Nicaragua. (O)

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